La Constitución vaciada

La Constitución ha presidido mi vida y formación jurídicas. Iniciada la carrera universitaria, a los dos años se promulgó. Irradia a todo el ordenamiento y como juez he jurado cumplirla y hacerla cumplir hasta seis veces; la he aplicado e interpretado en una sentencia sí y en otra también. Aun así, ni la idolatro ni la considero petrificada.
Acostumbrado a tratar con normas –luego a respetarlas– la veo como norma que puede y, llegado el caso, debe reformarse; también que puede interpretarse para amoldarla a los tiempos y nuevas necesidades, operación delicada llamada a la prudencia para no caer en manipulaciones bastardas, en relecturas que lleven a mutaciones constitucionales, contrarias a un contenido por lo además forjado mediante una consolidada jurisprudencia.
Es una norma que se homenajea, más que como norma en sí, por lo que simboliza y por el modelo de convivencia que ampara. Y este domingo se la homenajeó en su 42º aniversario. Esta vez percibo un aire de homenaje funerario tal y como la conocemos, porque nunca como ahora está tan en peligro cierto de desaparecer o difuminarse. Hemos llegado a un punto donde el insulto a lo que la Constitución representa es insufrible, porque lo es decir que son fascistas quienes defienden la España constitucional y, por el contrario, son verdaderos constitucionalistas, demócratas y hasta patriotas, los comunistas, los golpistas, los terroristas e independentistas o quienes se jactan de que querer acabar con el régimen constitucional.
Se podrá decir que lo que oímos son bravuconadas coyunturales, poses propias de la lucha política. Podría, pero es ya algo más: es la hipocresía consustancial a una mentalidad totalitaria que emerge como proyecto político en marcha y, lo peor, gobernante. Pervirtiendo el lenguaje, los conceptos y el sentido común busca vaciar el sentido de la Constitución para rellenarlo con una interpretación unívoca e ideológica, lo que lleva al totalitarismo jurídico. Descartada la derogación formal de la Constitución –empresa hoy por hoy improbable– podemos ir a su reforma indirecta, a una mutación constitucional mediante su vaciamiento, dejándola en cascarón, empresa ya intentada con el Estatuto catalán.
Ejemplos no faltan. Ahí están las iniciativas sobre el Poder Judicial o una reforma educativa contraria a la doctrina constitucional; que se avance, de hecho, hacia un Estado federal; que la solidaridad entre territorios o la igualdad de los españoles por razón del territorio se sustituya por privilegios descarados hacia determinada región; la neutralización del concepto de propiedad privada, o que se ataque a la vida humana bien erigiendo en derecho que una madre acabe con el hijo que espera, bien creando el derecho al suicido o a suicidar al que esté de más; o que el modelo mixto de economía social mute en otro con hechuras colectivistas o que se proscriba el castellano o se deje al Rey un espacio insignificante, equiparable al que ocupa en el Prado el retrato de algún antepasado, mutando de hecho la monarquía en una suerte de república presidencialista.
Para tal operación es vital controlar el Tribunal Constitucional, lo que explica el interés político para que refleje las mayorías parlamentarias. Cuando se le deja en paz arroja un balance en cuyo haber está una sólida doctrina e instaurar una forma de entender, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Pero hay un debe que aflora cuando desde la política se actúa o bordeando o al margen de la Constitución y se le manipula para que ampare tropelías legislativas al concebirlo no como tribunal, sino como coartada jurídica, como tercera cámara en la que la política sigue con otros actores, otro lenguaje y otras formas.
Si se carece de escrúpulos y sobrado de propósitos totalitarios, se quiere controlar todo lo que limite el ejercicio del poder y tanto el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, son órganos vitales para la salud de la democracia. Vital es el Consejo como órgano que gobierna y nombra a los jueces, pero más aun lo es el Constitucional: no sólo nos dice a los jueces cómo debemos interpretar las leyes, si no que se tiene ganada, además, esa empresa fraudulenta reforma unilateral de la Constitución, de vaciado y relleno con un contenido impuesto por la mayoría parlamentaria radical.

José Luis Requero es Magistrado del Tribunal Supremo