Nuevo marco jurídico

Construir un escenario sin tener en cuenta los imprevistos que surgen en el camino sirve casi siempre para diseñar campañas como la de Salvador Illa al frente del PSC: un fracaso. Pensaban que la irrupción como candidato, en el tiempo de descuento, del ministro de Sanidad obraría un milagro que cambiase la decisión de voto de miles de catalanes. Pero el «efecto Illa», como lo bautizaron analistas, tertulianos y periodistas, fue aguado por sus contrincantes independentistas para evitar cualquier sorpresa en las urnas. Se cortó de raíz. El resultado es bien visible. La tozuda realidad se impone a los planes de Pedro Sánchez con el traslado de las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo.

Por mucho que Iván Redondo resalte el espíritu de resistencia del presidente, cuatro meses de aplazamiento van a poner a prueba su capacidad para salir indemne o lo menos dañado posible. Está por ver qué se le ocurre para salir de ésta. Para más inri, la virulencia de la pandemia ofrece un horizonte tan incierto que no permite seguir jugando al ventajismo partidista. No se puede alargar más la agonía de dejar en manos de las comunidades autónomas medidas claramente insuficientes para hacer frente a la tercera ola del virus. Es indiscutible que los mandatarios regionales carecen de las herramientas para tal transferencia de responsabilidad desde el Gobierno español. Nadie entiende que se haya decretado un larguísimo estado de alarma para «salvar vidas»... y solo sirva para no acudir al Congreso de los Diputados a dar explicaciones.

Con un tono cada vez más parecido al de los peores momentos de la primavera de 2020, el Gobierno se resguarda tras diecisiete administraciones. Ya lo fía todo a la vacunación. «Cogobernar significa coordinar»: ese ha sido el reciente descubrimiento de Carolina Darías, la futura sustituta de Illa. Aunque, hasta ahora, cogobernar haya consistido en lavarse las manos. Porque en la sala de máquinas de La Moncloa siguen negando la intención de recuperar el mando único o de permitir el confinamiento domiciliario, ahora mismo no contemplado en el estado excepcional vigente hasta el 9 de mayo. «No lo estamos considerando. Los territorios están adoptando medidas muy severas y ahí es donde deben perseverar por el momento», repiten al unísono estrechos colaboradores de Sánchez.

Sin embargo, el presidente tiene desde hace algunas semanas sobre su mesa un armazón jurídico de posibles nuevas restricciones que buscan frenar en seco las disparadas cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecidos por la pandemia. La redacción corrió a cargo del secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, según trasladan fuentes solventes, e incluye una ampliación de horarios del toque de queda (justo lo que se le niega ahora a Castilla y León y se recurre ante el Tribunal Supremo), aunque sin alcanzar el confinamiento total. El informe responde a la preocupación en el Palacio de La Moncloa por las semanas muy duras todavía por llegar.

La previsión era dar estos pasos tras la salida del propio Salvador Illa del Consejo de Ministros, a finales del mes de enero, para ser cartel del PSC en la carrera electoral catalana. Algo que ahora ha sido aplazado nada menos que hasta mayo. Así que el núcleo duro de Sánchez tendrá que afrontar un delicado panorama sanitario, aunque en las últimas horas ha buscado pasar página del tropiezo del 14-F tratando de convencerse de que la prioridad es blindar al ministro de Sanidad. ¿Y qué dice ese núcleo duro ante su desgaste en medio de la guerra contra el coronavirus? Pues que la demora de estos próximos meses ayudará a Illa a llegar a los comicios en una situación epidemiológica totalmente distinta, con la campaña de vacunación ya a pleno rendimiento. Quien no se consuela es porque no quiere.