Juan Carlos I y el compromiso histórico español

En libros, escritos varios, artículos de prensa, etc., que circulan sobre el Rey Juan Carlos I, se introducen observaciones que no siempre se corresponden con lo verdadero. Y a veces, incluso, pretendiendo defender la institución monárquica, se tergiversa la realidad histórica de lo que fue la Transición a la Democracia en España. Una Transición que fue un auténtico Compromiso Histórico Español, que se configuró con la Ley de Reforma Política, el procedimiento seguido para celebrar las elecciones generales de 1977, los subsiguientes Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978: cuatro piezas fundamentales para entender lo que fue el pacto que ahora se ataca desde tantos observatorios de la confusión, en una especie de viaje a ninguna parte.

Además de los servicios que el Rey Juan Carlos I prestó a la Nación en ese transcurrir, habríamos de incluir su propia abdicación, el 19 de junio de 2014, cuando con la Ley que se elaboró ad hoc, para oficializar el paso de un rey a otro, la votación de los representantes de la soberanía nacional dio a la monarquía parlamentaria un apoyo por encima del 80 por 100 de los diputados; que votaron a favor de los dos Reyes, Juan Carlos, saliente, y Felipe VI, entrante.

Lo recordado fue algo insólito en la actual realidad europea, que consta de diez monarquías, siendo España el único país en que el rey actual, Felipe VI, ha sido virtualmente elegido por los representantes del pueblo. Como lo fue de hecho Juan Carlos I, en virtud de la Constitución, votada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con la Monarquía Parlamentaria como sistema básico. Puntualizaciones oportunas para algunos diputados, más bien ignaros que otra cosa, que se atribuyen la más excelsa virtud de ser electos en elecciones por pertenecer a un partido político.

Todo lo anterior se relaciona con la situación actual en torno a Juan Carlos I, que durante tantos años disfrutó de una popularidad poco frecuente, en razón a su decidido impulso en pro de las libertades y la Democracia. Y a quien como rey reinante no cabe exigir responsabilidades por los hechos de su reinado. Ya que en función del artículo 56.3 de la Constitución «la persona del rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad». Discutiéndose, en cambio, algunos hechos personales del propio rey después de su abdicación, que creo en general tienen su raíz en tiempos de reinado. Y ahora viene algo que creo no se ha sabido apreciar claramente. En el sentido de que en el artículo 56.3 de la Constitución se dice del monarca que «sus actos estarán siempre refrendados en la forma recogida en el artículo 64.1»; en el que se establece que «los actos del rey [se supone que todos] serán refrendados por el presidente del Gobierno y en su caso por los ministros competentes». Subrayándose todavía más en el 64.2. que «de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden». Debiendo entenderse, pues, que esa responsabilidad afecta también a quienes teniendo la obligación de refrendar no lo hicieron en su momento.

Con esa última observación, me refiero a que durante mucho tiempo, los presidentes de Gobierno, o los ministros –o los secretarios y jefes de la Casa Real en su ámbito– no refrendaron y aceptaron de hecho actos que claramente no eran dignos de un rey. Tales mandatarios tendrían que haber advertido, y no lo hicieron, que algunos hechos personales de la actividad real –más que públicos y notorios–, no se correspondían con lo esperable de la especial condición de ser jefe de Estado.

Alguna excepción hubo, según parece, cuando el rey Juan Carlos sí recibió observaciones sobre su comportamiento. Primero de Sabino Fernández Campo, como Secretario de la Casa Real entre 1977 y 1990, y como Jefe de la misma, de 1990 a 1993. Y de José Joaquín Puig, Secretario de la Real Casa entre 1990 y 1991. Realmente parece que las dos personas mencionadas cesaron en su actividad por reconvenir al rey ciertas conductas. Algo que tendría que haber sido objeto de apreciación por quienes entonces eran presidentes del Gobierno.

Y ahora entramos en el hecho de que en el verano del 2020, Juan Carlos I viajó a Abu Dabi por tiempo indefinido, ocho meses desde entonces. En una especie de destierro no decretado por nadie, y que ha originado cualquier clase de incertidumbres y opiniones controvertidas.

Precisamente antes de salir de España Juan Carlos I para Abu Dabi, me permití hacer una observación pública. En el sentido de que el mejor método para resolver la cuestión sería que quien fue rey entre 1975 y 2014 creara una Fundación con su propio nombre. A fin de incluir en ella todos sus bienes y pertenencias, declaradas o no hasta ese momento. Para así donar por entero sus bienes a la Nación, a efectos del progreso de la Ciencia, la Cultura y el Arte; pudiendo invitar a todos a contribuir a ese acervo con aportaciones de cualquier monto. A través de un amigo común, le hice llegar esa idea de la Fundación al propio Juan Carlos I, quien vino a decir: «Dile a Ramón que muchas gracias por su idea, pero que la cosa es mucho más compleja».

Evidentemente, la complejidad está ahí, pero creo que la Fundación expresada sigue siendo algo recomendable, para empezar a aclarar las cosas y darle un fin adecuado a recursos económicos que en gran parte están en situación dudosa.

Para terminar, sinceramente pienso que los ataques al rey Juan Carlos I no son sólo personales, sino que, sobre todo, van contra la monarquía parlamentaria, que es básica en nuestra Constitución. Debiéndose recordar a que quienes obran así, que si quieren acabar con ella, habrán de pasar por el Título X de la propia Ley de Leyes sobre reforma; que exige condiciones concretas, imposibles de reunir hoy, me parece.

No se trata de defender esto o lo otro, sino de invitar a la reflexión. Para que en vez de juicios prematuros, podamos encontrar una senda de soluciones, con cierta altura de miras. Sobre todo, con el propósito de consolidar el sentimiento de que no renunciamos a lo que fue el citado Compromiso Histórico Español de 1976 a 1978.