La mascarilla de la vergüenza

El BOE del 30 de abril publicó la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, más conocida como la ley de las mascarillas, que no es más que la tramitación como ley del decreto-ley de la nueva normalidad de 9 de junio de 2020. En su artículo 6 regula el uso obligatorio de las mascarillas eliminado la excepción de la distancia de seguridad de 1,5 metros; resulta difícil imaginar una peor regulación del uso de nuestra nueva compañera de viaje. Pero lo que más llama la atención es la chapuza legislativa en lo que se ha convertido esta norma, llena de errores, incongruencias y despropósitos, erigiéndose en epítome de la ruina legislativa de este Gobierno. En su artículo uno, en el que se define el objeto de la norma, no han tenido ni tan siquiera la inteligencia de cambiar la referencia al estado de alarma que padecemos en la actualidad, que obviamente no es el de marzo de 2020 sino el de octubre, lo cual pone de manifiesto no solo la pereza legislativa de este Gobierno, sino su torpeza; no vale la disculpa de que se trata de una labor legislativa del Parlamento, se enmarca en una absoluta falta de proyecto en torno a la contención del virus, yendo de ocurrencia en ocurrencia y de despropósito en despropósito. Seguimos careciendo de una legislación específica en materia de pandemias un año después de la declaración la emergencia sanitaria, y lo que es peor, no se la espera. Un Gobierno que en este año ha fijado sus objetivos en restringir y malograr la libertad de educación, regular el suicidio o limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces no ha encontrado un momento para reflexionar sobre lo que desde el Partido Popular se les lleva pidiendo en el último año, establecer una marco legislativo que permita afrontar esta pandemia desde un punto de vista integral, estableciendo instrumentos eficaces para la lucha contra el virus no solo desde el punto de vista sanitario sino jurídico; esto es, estableciendo procedimientos y supuestos claros de limitaciones más intensas de derechos fundamentales con el objetivo de proteger la salud; así, por ejemplo, la Policía no se encontraría con la necesidad de dar una patada de la puerta de un piso turístico, a todas luces morada, para poder hacer cumplir o perseguir el incumplimiento de de una norma de salud pública. Es un gobierno que solo sabe utilizar el estado de alarma para restringir derechos sin criterio de proporcionalidad alguna y en algunos casos, como las restricciones de movilidad entre Comunidades Autónomas, con un grado de desacierto mayúsculo. No nos merecemos un gobierno así, más la pereza, la irresponsabilidad, la tontuna y la dejadez no es lo peor, la maldad y el uso de la epidemia con fines electorales son graves perversidades democráticas. Cometen un gran error, y es que no solo desprecian a los ciudadanos, los infravaloran en su capacidad crítica, y lo acabarán pagando.