Nuestra capacidad de sorpresa corre el riesgo de entumecerse. Pero no podemos permitir acostumbrarnos a una manera de llevar los asuntos públicos o, como se dice ahora, a un estilo de gobernanza del Estado que desprecia el orden jurídico. Pienso en varios ejemplos recientes que muestran que no exagero.

Comienzo por uno abortado, pero gravísimo, sobre todo por lo que tiene de tendencia, de osadía. Me refiero al «tirón de orejas» que nos ha llegado desde la Comisión europea ante los manejos políticos sobre el gobierno de la Justicia, sobre el Consejo General del Poder Judicial. Órgano que, no se olvide, tiene por fin velar por la independencia judicial y que existe como consecuencia del principio de separación de poderes.

Bruselas advirtió que es inaceptable la iniciativa de la actual mayoría parlamentaria para que fuese renovado, no con la mayoría cualificada que exige la Constitución –tres quintos de cada Cámara parlamentaria–, sino por mayoría absoluta, es decir, la que ostenta el gobierno y sus aliados, lo que le habría permitido, literalmente, colonizar la Justicia. Tal ataque al orden constitucional ha sido abortado ante el panorama de colocarnos al mismo nivel de otros países –Polonia, Hungría– censurados por sus ataques al Poder Judicial.

Además Bruselas nos advierte que el estándar de independencia judicial exige que el órgano de gobierno judicial sea elegido directamente, al menos en su mitad, por los propios jueces, sin intervención de los partidos. Tal advertencia debería ser motivo para desahuciar a quienes han propiciado este panorama, pero no es posible: implicaría mandar al desguace a las principales fuerzas políticas. Que tengamos un Consejo bloqueado por su entera elección parlamentaria es un pufo constitucional en el que andan involucrados todas esas fuerzas políticas, unas por convicción –izquierda– y otras por haber actuado durante años a conveniencia, para vergüenza del Partido Popular.

No habíamos salido de este bochorno y aun resuena otro: cómo se silenció el informe del Consejo de Estado que alertaba de la falta de controles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y lo hacía en unos términos elegantes pero contundentes al exponer su «preocupación ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones». Es decir, ámbitos muy propicios a la corrupción.

Y no salimos de esta cuando, a punto de expirar el estado de alarma, se ignoran sus recomendaciones para actualizar la legislación sanitaria ante esta pandemia cuando se atisba un panorama normativo que augura cierto caos jurídico. En fin, al margen de que su parecer sea preceptivo o no, vinculante o no según los casos, el Consejo existe como supremo órgano consultivo del Estado y es una pieza más en la construcción del orden jurídico.

Pero no hemos acabado y un buen día abrimos el BOE con una reforma nada menos que del Código Penal en la que se despenalizan las coacciones por los piquetes huelguistas. No entro en la reforma, sí en algo que ha dejado perplejo a quien tenga un mínimo sentido de Estado y de respeto a la ley: se emplea su exposición de motivos para atacar expresamente a un partido político, en este caso al Partido Popular.

Ese partido lo va a recurrir y ya veremos con qué éxito porque tiene dicho el Tribunal Constitucional que las exposiciones de motivos carecen de valor jurídico y no son impugnables. Esto es cierto, pero lo hecho sobrepasa todo límite, porque el valor de las exposiciones de motivos será limitado pero expresan qué ha querido legislador, sirven para interpretar una norma, resaltan la relevancia de la ley y ejercen una función didáctica. Una vez en el BOE una ley ya no es de partido, es el Estado quien habla y el Estado no es de un partido.

Pues ahí está: un texto que degrada a las Cortes y lleva el concepto de ley a la categoría de panfleto, de tuit; una norma que sustituye la dicción noble de la ley por un texto pancartero. Patrimonializada así la ley ¿extraña que haya políticos que se aprovechen para sí bienes, fincas o aviones del Estado? No podemos acostumbrarnos a esto, a esta forma de chulesca de ejercer el poder.