Sanidad sin base jurídica

No será porque no se advirtió de que la manera cómo el Gobierno planteó el final del estado de alarma iba a provocar el desconcierto, cuando no directamente el caos, en las medidas de restricción que cada comunidad podía aplicar. Esta misma semana, mientras Sanidad endurecía las medidas de restricción, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se aventuraba a decir que en apenas unas semanas el uso de mascarillas en el exterior ya no sería obligatorio. Es decir, no se entiende que se acabe acordando regresar a una medidas más restrictivas que las que ahora se estaban aplicando. Si, como argumenta Pedro Sánchez, el ritmo de vacunación «va como un tiro», insistiendo en que se está en el camino de alcanzar el objetivo fijado por el Gobierno de vacunar al 70% de la población antes de que concluya el verano, parece una incongruencia este nuevo retroceso. Mientras, por ejemplo, el País Vasco ajusta los horarios de apertura de bares, restaurantes y actividades culturales, tal y como dijo ayer Íñigo Urkullu –cuyo partido, el PNV, es socio de Sánchez–, ahora habría que volver a limitar horarios y espacios. El riesgo de dejar que fuesen los tribunales quienes decidieran las medidas de restricción se ha visto ahora que fue una dejadez de responsabilidad del Gobierno. Al anular el Tribunal Supremo el toque de queda nocturno y el límite máximo de seis personas decretado en Baleares tras levantarse el estado de alarma, fija una jurisprudencia según la cual las comunidades autónomas pueden establecer restricciones de derechos fundamentales recurriendo a leyes sanitarias. Efectivamente, la sentencia ha dejando claro que el Gobierno podía haber promovido una nueva legislación al respecto, si es que la ya existente –como la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia sanitaria– no es suficiente para limitar derechos. Pero La Moncloa, más preocupada por cómo contrarrestar las políticas aplicadas por sus adversarios, especialmente en Madrid, prefirió pasar de puntillas tras el fin del estado de alarma para no cometer más errores.

De ahí viene que el Consejo Interterritorial de Salud aprobase el miércoles medidas de obligado cumplimiento en contra de seis comunidades –Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco, ninguna socialista– , pero incumpliendo que deben ser tomadas por consenso –ley 16/2003–, razón que Madrid esgrime con todo el derecho para evitar un nuevo castigo político. Y sobre su economía.