Válida batalla judicial contra el indulto

El informe del Consejo de Europa sobre los condenados por el «procés» se discute hoy en Estrasburgo. El texto del socialista letón Boris Cilevics aconseja a España reformar el delito de sedición y estudiar otras medidas como los indultos para excarcelar a los políticos presos y que no parezca que se castiga la libertad de expresión. Cilevics compra el argumentario al completo de los independentistas en un alegato de culpabilidad contra el estado de derecho en nuestro país. Pero es precisamente el sistema plenamente garantista que ampara y promueve la Constitución el que ha posibilitado un desarrollo del proceso en el que los separatistas condenados tienen hoy la libertad más cerca que nunca sin haber expiado su pena, ni haber mostrado arrepentimiento por el daño causado ni haber reconocido el delito ni haber emitido pronunciamiento alguno de que no volverán a delinquir, sino más bien todo lo contrario. Es este marco de extraordinaria calidad e independencia legales el que pone en cuestión hoy el alcance de los recursos contra los indultos en la controversia jurídica que se atisba sobre la legitimidad de Vox –del PP y Ciudadanos ni se contempla–, que ejerció la acusación particular en el juicio, para frenar la gracia en los tribunales. Es seguro que se plantearán medidas cautelares para detener la excarcelación, pero que el juez Manuel Marchena expulsara en el proceso de solicitud de indultos a quien ejercía de acusación por considerar que la ley limita la petición a la parte perjudicada del delito, que en este caso es la Abogacía del Estado, parece despejar el camino a los propósitos de Sánchez. En cualquier caso, la falta de precedentes sobre este escenario alienta las conjeturas sobre la decisión final de los magistrados del contencioso-administrativo en torno el recorrido y opciones de la futura impugnación. Tras el demoledor informe del tribunal sentenciador contra la concesión de la indulgencia, el Ejecutivo ha anunciado una sesuda fundamentación para blindar la medida en el ámbito togado. Y no le sobrará porque cualquier traspiés pondría al Gobierno en serios aprietos no solo con la oposición y con sus aliados, sino con la opinión pública. Sea cual sea el desenlace final, el pulso jurídico, actuar contra una medida arbitraria e insostenible que fragiliza la democracia, es razonable por estar justificada, más allá de que la ausencia de jurisprudencia abone la incertidumbre y las esperanzas. La única batalla que no se gana es la que no se da.