Graves noticias que se confirman

En estos momentos, nos encontramos con una muy seria crisis económica. La combinación de la pandemia del Covid-19, con una serie de acontecimientos que forzosamente hunden la economía –uno de ellos es, precisamente, el aumento del déficit público, respecto al PIB–, exigen que las decisiones políticas sean las adecuadas en todos sus aspectos. Una fundamental sería cortar el incremento del gasto público, y controlarlo, en todos los sentidos. Esa realidad tiene un complemento: la existencia del Tribunal de Cuentas, y ello porque se ha comprobado, con la curva de Laffer, que para resolver el tema del déficit presupuestario no cabe pensar en incrementos impositivos. Como se señala, recientemente, en el interesante artículo de Gemma Angélica Sánchez Lerma, «Tribunales de Cuentas y aportaciones al avance en políticas de igualdad», publicado en la Revista Española de Control Externo, (pág. 465): «Asistimos a una progresiva conciencia de la necesidad de incorporar, a las políticas de Estado, los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y esa búsqueda del desarrollo sostenible exige eliminar el referido riesgo considerable nacido del déficit presupuestario». Este es tan enorme, en estos momentos, y creciendo, que provoca la alarma por parte del Banco de España, en sus referencias a nuestra situación presupuestaria, y ello exige buscar dónde se encuentra un auxilio seguro. Éste se alberga, en concreto, en la Constitución vigente de 1978, que en su artículo 136 señala que el Tribunal de Cuentas es «el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público», y para eso, «las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste»; y, para que eso marche bien, como hasta ahora marchaba, se agrega en ese artículo que «los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces». Para reducir el gasto público es esencial que esta independencia y actividad implacable del Tribunal de Cuentas vaya adelante. No poseemos actualmente la posibilidad de resolver las cosas bien, a través de una desamortización, como sucedió tras las guerras carlistas, o con una colosal inflación, porque ya no somos los dueños de la emisión de billetes con cifras de pesetas, pues estamos sometidos al control de las Instituciones de la llamada Eurozona.

Era necesario señalar todo esto, porque han surgido exigencias respecto a los gastos públicos derivados del gobierno autonómico de Cataluña, que, si no se atienden por el gobierno Sánchez, podrían suponer el desplome político de éste. El Tribunal de Cuentas puede y debe criticar y actuar respecto a estos gastos, y el Gobierno, por el contrario, está a la búsqueda de algún mecanismo que elimine el mensaje inserto en el mencionado artículo 136 de nuestra Constitución.

Abrir esa puerta significa hacerlo a la liquidación de uno de los pocos mecanismos que existían para que una de las causas que complican gravemente nuestra realidad económica futura, se alivien radicalmente. La labor del Tribunal de Cuentas es insustituible, y por ello la exigencia de su independencia es, sobre todo en estos momentos, fundamental.

En el periodo inicial de la Transición, y en asuntos relacionados con actividades económicas, vinculadas con la corrupción, esta Institución tuvo un papel determinante en el control de la corrupción, que frena el desarrollo económico en la vida nacional. Pero si, ahora, el Gobierno de Sánchez burla su independencia, elimina un auxilio para que la crisis económica tenga mecanismos de freno. Esos ODS se combinan maravillosamente en los resultados de «la gestión y control de subvenciones», que analizó también en la citada Revista Española de Control Externo, Luis Carlos Sánchez Sánchez, Interventor y Auditor del Estado. Es necesario denunciar este riesgo que es extraordinario, en lo económico, pero también peligrosísimo, en lo político. Estamos actualmente corriendo el riesgo de olvidarnos de los mensajes que parecieron definitivamente aceptados por todos, desde que se insertaron en el Plan de Estabilización de 1959. Cuando recibí el pasado 30 de junio estas noticias, pensé inmediatamente en la violentísima reacción que hubieran producido en aquel gran economista que fue Manuel Varela, cuando desarrollaba una dirección fundamental para nuestra buena marcha económica, analizada por Ana Cristina Mingorance Arnaiz, titulada «D. Manuel Varela. Las razones de la crisis y los cimientos de la recuperación» (2013), donde se nos recuerda, en la aportación del profesor Javier Wrana, bajo el título de «El problema de la deuda pública en España», entre otras agudezas, que es mayor esta perturbación cuando «no está controlada, ciento por ciento, por el Estado Español», presión actual, desde ciertos políticos catalanes.