Política
El precio de jugar con la Justicia
«Las críticas del Gobierno al Tribunal Constitucional tendrán impacto económico»
Juan S. Mora-Sanguinetti es un economista –«senior economist» en la jerga anglosajona del gremio– de la dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, el centro de estudios económicos más prestigioso de España y de Europa. Hace unas semanas publicó, a través de la página web de la entidad, un breve, riguroso y documentado estudio titulado «El impacto de la eficacia de la Justicia en la inversión empresarial en España». El informe, tan de actualidad como interesante, ha pasado sin embargo algo inadvertido y resulta inexplicable. Apenas ha habido un par de menciones en los principales medios de comunicación, una de ellas en este diario. Mora-Sanguinetti detalla como «el sistema judicial y su calidad y eficacia pueden condicionar, entre otros aspectos, el nivel de inversión agregado de la economía». El informe se centra en la litigiosidad española– de las más altas de los países de la OCDE – y en las ineficacias y retrasos judiciales y estima que podrían llegar a suponer hasta 0,8 puntos menos de PIB de inversión empresarial.
La publicación del estudio coincide con las críticas, gubernamentales, de los «indepes» y de la izquierda más radical, al Tribunal de Cuentas por una parte y, por otra, al Tribunal Constitucional. El Gobierno ha encajado muy mal la decisión, polémica y no unánime, es cierto, pero legítima y democrática, del mas alto tribunal de declarar inconstitucional el Estado de Alarma aplicado por Pedro Sánchez. El derecho no es una ciencia exacta, pero la tradición democrática reclama la aceptación de las sentencias, como un elemento más del pacto democrático y puntal de la separación de poderes. Nadie ha calculado –Mora-Sanguinetti ya tiene otro campo de estudio– cuál podría ser el impacto económico de que un Gobierno arremeta contra el Tribunal Constitucional de su país y ponga en solfa sus sentencias. Cuantificar ese efecto puede ser titánico, pero es obvio que no beneficia a la imagen de España y puede espantar a grandes inversores cuando más se necesitan. Es el precio de jugar con la Justicia y olvidar a Montesquieu.
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