Contra Madrid

Finalmente, parece que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha decidido a pararles los pies tanto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, como al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá: ambos impulsores intelectuales del famoso impuestazo contra Madrid. Recordemos que la semana pasada Puig propuso un impuesto específico sobre Madrid para compensar al resto de autonomías debido a las ventajas que conllevaría su efecto capitalidad. Y esta misma semana, Escrivá respaldaba en público semejante ocurrencia –incluso calificándola de «idea brillante»– revistiéndola de ropajes academicistas para que no pareciera una mera vendetta socialista por la enésima derrota experimentada en Madrid. De acuerdo con Escrivá, tiene pleno sentido que aquellas zonas que experimentan «economías de aglomeración» compensen a aquellos otros territorios que no disfrutan de ellas. Pero, ¿qué son las economías de aglomeración? Básicamente, las ganancias en productividad que emergen por vivir y trabajar cerca de otras personas productivas. Y es que, por un lado, cuando muchas personas o empresas talentosas residen en una misma zona, es posible efectuar grandes inversiones de alto valor añadido aprovechando las economías de escala (es decir, redistribuyendo el coste de esas inversiones entre un número mucho mayor de usuarios); y, por otro, las ideas son bienes esencialmente complementarios, de modo que reunir muchas buenas cabezas pensantes en un mismo territorio tiende a alumbrar mejores proyectos de los que cada individuo podría concebir por separado. En caso de que existieran economías de aglomeración, las pequeñas ciudades de España podrían verse perjudicadas por la presencia de otras grandes, en tanto en cuanto perderían capital y talento en favor de esas zonas donde se estaría agolpando el capital y el talento: podría, pues, caracterizarse este fenómeno como una externalidad negativa que, desde un punto de vista económico, debería ser internalizada con un impuesto sobre esas economías de aglomeración cuya recaudación iría destinada a compensar a los pequeños municipios perjudicados. En suma, llevando hasta el límite los argumentos económicos, podría tener sentido que las grandes ciudades compensen de algún modo a las pequeñas ciudades. ¿Pero equivale eso a que debería crearse un nuevo impuesto específico sobre Madrid? En absoluto y por dos razones. Primero, Madrid ya redistribuye cada año hacia el resto de España 20.000 millones de euros: suma más que suficiente para compensar cualquier economía de aglomeración. Segundo, ¿es acaso Madrid la única zona de España en la que ocurren esas economías de aglomeración? En absoluto, todas las grandes ciudades disfrutan, en mayor o menor medida, de ellas, por lo que si se quiere castigar fiscalmente a Madrid por sus economías de aglomeración, también habría que hacer lo propio con Barcelona, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Bilbao… y también Valencia. ¿Es eso lo que proponen Puig y Escrivá? Desde luego que no, porque el auténtico objetivo nunca fue gravar las economías de aglomeración sino buscar una excusa –por rebuscada que sea– para justificar un nuevo impuesto sobre Madrid: se trata de un ejemplo crecientemente incómodo para el resto de autonomías obsesionadas con seguir expandiéndose a costa del ciudadano.