La deslealtad tiene premio

Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones aislado en su «burbuja» de La Mareta, fiel a su costumbre de tirar de medios públicos cada vez que lo precisa, ya sea un Falcon, el BOE, el CIS o RTVE. Y a buen seguro estará descansando sabedor de que tiene encarrilados los Presupuestos Generales de 2022, lo que prácticamente le garantiza culminar la legislatura.

Eso sí, esa «renovación de contrato» no va salirle a los españoles gratis total, como su relajo en Lanzarote. Ya se ha encargado el Gobierno de extender el oneroso cheque de nuevas cesiones al independentismo a cambio de tiempo en La Moncloa.

Lo último ha sido el manguerazo de miles de millones a la Generalitat pese a su amenaza de impulsar el «procés 2.0». A los 1.700 millones de euros para la ampliación del Prat se suma el trato de privilegio en el reparto de los fondos Covid de la UE: más de 7.500 millones en los primeros seis meses de este año, entre unas partidas y otras. Pero más allá de lo que estas cifras suponen de discriminación a las regiones que, además de ser leales con el marco constitucional, cumplen las normas presupuestarias y de déficit público, está la subasta de la soberanía nacional, que no ha cesado desde que Sánchez uniera su futuro a la «coalición Frankenstein».

Basta ver el acuerdo con Pere Aragonés para entregarle las competencias sanitarias sobre los MIR, un modelo cuya voladura legaliza el «apartheid» de los jóvenes médicos españoles que aspiren a ejercer en Cataluña.

Sánchez no ha aprendido la lección de cuatro décadas de gestión nacionalista de la Educación, vivero de adoctrinamientos, sectarismos y persecuciones a quienes no comulgan con los delirios separatistas.

Ahora ha cedido un paso más y solo es el anticipo de lo que puede suceder en la Mesa Bilateral Estado-Generalitat de septiembre, en plena Diada. Miedo da pensar a dónde estará dispuesto a llegar en una cita que además correrá paralela al momento culminante de la negociación de los PGE.

Si alarmantes son estas cesiones en el flanco catalán, lo son igualmente los pagos a PNV y Bildu a cambio de su imprescindible voto a las cuentas públicas. Sánchez ya demostró que está dispuesto a todo cuando cedió ante el lendakari a cambio de que su ausencia no aguara la Cumbre de Presidentes Autonómicos de Salamanca, convocada a mayor gloria del líder socialista: reunión urgente de la Comisión Mixta del Concierto, otro cheque al PNV por valor de 3.000 millones, la gestión de nuevos impuestos y el compromiso de que el País Vasco saldrá bien parado del reparto de los 140.000 millones que llegarán desde Bruselas.

Antes habían sido la gestión de las prisiones vascas y de las condiciones penitenciarias de los terroristas y el Ingreso Mínimo Vital, ensayo de la anhelada entrega de la caja de la Seguridad Social para que sea el PNV quien se haga cargo de las pensiones de los vascos.

Pero ni siquiera ese flagrante trato de favor a los socios que más presumen de ser incompatibles con el proyecto político de España garantiza un 2022 sin tensiones territoriales ni ataques a los pilares del «régimen del 78», llámese Monarquía, Poder Judicial o Constitución. Sánchez solo se garantiza tiempo en el poder para ese entramado que PSOE y Podemos han levantado a costa del dinero de todos.

Mientras enfila de nuevo a la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso con la amenaza de un rejonazo fiscal ad hoc y se ahonda la brecha entre las comunidades de primera (Cataluña, País Vasco y Navarra) y las de segunda, el presidente del Gobierno sigue pagando las letras de la moción de censura. Busca primar a sus socios y ahogar a los discrepantes. En el sanchismo, la deslealtad tiene premio.