50 trabajadores

Uno de los principales problemas que padece la economía española es su baja productividad. Y uno de los factores que explica esa baja productividad es el reducido tamaño de sus empresas: compañías pequeñas son compañías con menor capacidad para aprovechar las economías de escala, para invertir en I+D, para internacionalizarse… En España hay unas 3,5 millones de empresas de las cuales sólo el 0,1% califican como «grandes empresas». Pese a que no suponen más de 3.500 empresas, son responsables de crear más de cinco millones de empleos (casi el 40% del total de empleo privado) y abonan un salario que es un 45% superior al medio: el propio INE constata que «el salario aumenta con el tamaño de la empresa». No es causalidad: de acuerdo con la OCDE, la productividad de los trabajadores en las grandes empresas de manufacturas, servicios y construcción más que duplica la productividad de las empresas de hasta diez trabajadores (a más productividad, mayores salarios pueden ser abonados). Y todo lo anterior también resulta aplicable a las empresas medianas frente a las micropymes. Pero, ¿por qué el tamaño de las empresas españolas no termina de despegar? Por supuesto, los motivos son muy variados, pero uno de considerable relevancia que, por desgracia, no suele valorarse tanto como merece son los sobrecostes que impone la administración conforme las empresas van creciendo. Por ejemplo, a partir de 50 empleados, el Estatuto de los Trabajadores impone la creación de un comité de empresa, que no sólo implica la obligación de celebrar elecciones sindicales o de negociar con él los ERE, sino que además obliga a remunerar a sus integrantes por su actividad sindical como si estuvieran realmente trabajando para generar valor dentro de la empresa; la Ley de Integración Social de los Minusválidos también las obliga a que el 2% de su plantilla sean personas con una discapacidad reconocida; asimismo, están forzadas a disponer de comedores en los que sus empleados puedan «efectuar comidas a precios módicos», etc. Superar los 50 trabajadores es una condena que hipertrofia muchos otros gastos no estrictamente vinculados con el negocio de la compañía, algo que puede generar un comprensible vértigo a que las empresas contraten a su trabajador número 50 y, por tanto, sigan creciendo. Pues bien, en lugar de aligerar estos sobrecostes que actúan como fuertes desincentivos al crecimiento empresarial, el Ejecutivo de PSOE-Podemos ha optado por seguir incrementándolos. Así, tras la entrada en vigor del RD 901/2020, las empresas de 50 o más trabajadores tendrán que elaborar un plan de igualdad cuya finalidad es el de alcanzar la igualación efectiva entre los trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa. El plan deberá ser elaborado por una comisión negociadora que se constituye a tal efecto, a costa, claro está, de los ingresos de la propia compañía. Al final, pues, las empresas se convierten en la vaca lechera para que nuestros políticos financien su visión ideologizada de la sociedad y lo que nos queda al resto es una economía menos productiva y, por tanto, más pobre.