El barullo energético

El diseño de cualquier política económica requiere dos condiciones: una, establecer certeramente la raíz del problema; y dos, conocer la reacción de los agentes que serán afectados por las medidas a tomar. En ambos aspectos la política de Teresa Ribera ha fallado estrepitosamente porque ni ha identificado correctamente las causas de la multiplicación de los precios de la electricidad, ni ha vislumbrado cuál pudiera ser el comportamiento de las grandes compañías del sector ante un súbito y abultado recorte de sus ingresos. En cuanto a lo primero, se ha dejado llevar por la demagogia anti-oligopolio con esa ficción de los «beneficios llovidos del cielo», en vez de considerar que el sector energético es un todo interrelacionado y que, en este caso, la subida del coste del gas —que se muestra como un fenómeno inacabado y permanente— ha arrastrado todo lo demás. Y por lo que concierne a lo segundo, sus logros son negativos, pues se ha reducido la aportación al sistema de las fuentes no contaminantes —entre ellas, la eólica y la fotovoltaica— y se han trasladado rápidamente las subidas tarifarias a los grandes consumidores, expulsando así a las industrias electro-intensivas de la actividad productiva, alimentando la crisis post-covid.

El problema eléctrico no es sólo una cuestión tarifaria, sino que se deriva de la disponibilidad de fuentes de energía. La crisis del gas ha desvelado la enorme vulnerabilidad de España en este asunto y amenaza con llevarse por delante las posibilidades futuras de dar estabilidad al crecimiento de nuestra economía. Lo que está claro es que, en un contexto de cambios geopolíticos muy relevantes, esa fragilidad es demasiado importante como para desecharla cuando se diseña la política económica, por mucho que se aspire a acelerar la transición energética. Y en esto lo único razonable es reconsiderar las decisiones del pasado, en particular las que se basaron en prejuicios mal fundamentados. Me refiero a la prohibición del procedimiento de la fractura hidráulica en la extracción de gas —pues ello nos hace renunciar a unas reservas que se estimaron en siete décadas de consumo— y a la decisión de cerrar el sector nuclear —desechando su carácter descarbonizado—. Es hora de pensar en el largo plazo y abandonar la demagogia.