Tres sentencias y una paradoja

El espectáculo de resistencia a la autoridad, en el que primero se le pega una patada a un policía, luego se intenta promover un acto de desacato de una sentencia desde el poder legislativo y finalmente se produce un gravísimo ataque con insultos desde el poder ejecutivo hacia el poder judicial es impropio de una gran democracia como España, aunque resulte muy apropiado para un Gobierno que coaliga al peor PSOE de la historia de la democracia con la izquierda más populista y radical de toda la Unión Europea, que nos tiene demasiado acostumbrados a los españoles a sus peleas internas entre ministros, un día la vivienda y al siguiente la reforma laboral, así como a sus guerras externas con otros poderes, intentando desocupar las sesiones de control del Parlamento y ocupar el poder judicial. Un Gobierno acostumbrado a vivir en el alambre de la ilegalidad durante gran parte de la legislatura como demuestran las tres sentencias del Tribunal Constitucional vinculadas al Estado de Alarma decretado por Sánchez por la pandemia, que suponen tres gravísimas derrotas, pero sobre todo configuran el balance de un Gobierno que ha convertido en una forma de gobernar el desprecio a la ley, el incumplimiento de la Constitución y un autoritarismo alérgico al control. La fuerza de la costumbre de la inconstitucionalidad retrata toda una concepción del Estado, como material fungible y negociable para salvar el día a día de un Gobierno sin altura de miras ni luces largas, así como el valor que se le otorga, en primer lugar, a derechos fundamentales como el de libre circulación y reunión, y en segundo, a un Parlamento secuestrado durante semanas y semanas. Y resulta especialmente significativo, en tercer lugar, el varapalo que han merecido esos estados de alarma a la carta por territorios que sumieron a nuestro país en un caos jurídico del que no hay precedentes ni históricos ni a escala mundial, la llamada cogobernanza autonómica, que ha sido sentenciada como un sistema abusivo que ha vuelto a demostrar, por si hubiera pocas evidencias, que una Ley de Pandemias habría permitido a las CCAA limitar derechos y proteger la salud sin tener que perpetrar un Estado de Alarma inconstitucional. El relato de la legislatura ha quedado claro y el Gobierno debe dejar de decir que sus medidas contra la pandemia fueron proporcionadas y necesarias, y que salvaron vidas, primero, porque las medidas fueron excesivas e inconstitucionales y, segundo, porque quien de verdad han protegido la salud han sido las Comunidades Autónomas. La etapa de la pandemia, que ha sido y es un momento terrible en términos humanitarios, ha quedado definida en las tres sentencias del TC también como un periodo negro de nuestra democracia. Es la desautorización definitiva de Pedro Sánchez, que sabemos que no asumirá sus responsabilidades políticas, a la vista de cómo cumple con las legales, y preferirá urdir nuevos ataques contra todos los tribunales e instancias que le sacan tarjeta amarilla. Sin embargo, no podrá escapar a su autorretrato, que es el de un presidente intervencionista para el que la legalidad es simplemente un obstáculo que hay que sortear para gobernar como él merece y porque él lo vale. Tampoco podrá escapar a la paradoja de ser el presidente que utilizó una única frase, absolutamente ilegal, que luego hubo que borrar de una sentencia para llegar a La Moncloa, pero que se quedará en ella, como si nada sucediese, pese a tres fallos tremendos contra la esencia de su manera de gobernar. La pregunta es cuánta más legalidad y dignidad va a entregar para seguir en la Moncloa.