La Ley del Terrorismo Callejero

Dentro de ocho días, los españoles de bien tenemos una obligación moral. Pocas veces en 44 años de democracia fue más necesario ir a una manifestación como la que han convocado policías nacionales y locales, guardias civiles, mossos y ertzainas para protestar contra esa vileza que es la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que urde el Gobierno socialcomunista con esos ejemplares socios que son los proetarras de Bildu y los golpistas de ERC. De todas las salvajadas que han perpetrado Sánchez y Marlaska, ser vil donde los haya que peloteó a Rajoy para ser fiscal general y ahora va de la manita del jefe histórico de ETA Arnaldo Otegi, seguramente ésta es la más bestia. Para que un sistema se pueda calificar de «democrático» es condición sine qua non que impere la legalidad. Sin ley, no hay democracia. ¿Y quiénes son los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley? Obvio: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los primeros en observar la norma y también los responsables de que se observe, de que no sea papel mojado, de que los que quieren situarse por encima de ella no logren jamás su objetivo. Sin ellos España sería un México cualquiera, la Guatemala de las maras, la Colombia de Pablo Escobar e incluso esa Italia donde la Camorra, la ‘Ndrangheta y Cosa Nostra viven desde tiempos proverbiales en un mundo ajeno al Estado de Derecho. Tanto la Policía como la Guardia Civil han sido ejemplares en esa proporcionalidad que marca la diferencia entre un cuerpo democrático y otro que no lo es. La prueba del nueve es que en España son contadísimos, y desde luego han sido juzgadísimos, los episodios de abusos policiales. Son tipos muy bien preparados, a los que se instruye en el más escrupuloso respeto a la legalidad y a los que se enseña que su verdadero jefe es el ciudadano. Nuestros guardianes, y muy especialmente los antidisturbios de las UIP, son envidiados en todo el planeta. Los ingleses, sin ir más lejos, vienen aquí a aprender cómo disolver manifestaciones violentas sin generar más daño del debido. Por eso no entiendo a santo de qué viene una Ley de Seguridad que parece más pensada en amparar el terrorismo callejero de los Alfon, Alberto Rodríguez, CDR, okupas y demás gentuza que a esos cientos de miles de agentes a los que pagamos para que, como dicen los anglosajones, «nos sirvan y nos protejan». Hace falta ser malnacido para parir una ley que prohibirá o por lo menos limitará hasta la caricatura el uso de esas pelotas de goma y esos gases lacrimógenos que permiten a 100 efectivos mantener a raya a miles de violentos. Y hay que ser un diabólico jefe para consentir que se puedan tomar fotos de tus subordinados, imágenes que luego circularán por las redes sociales convirtiendo al desdichado de turno en la pieza a batir. Por no hablar de la práctica supresión de esa presunción de veracidad que en cualquier Estado de Derecho serio es inherente a la condición de agente de la autoridad. No nos engañemos: lo que quiere este Gobierno es que los delincuentes ataquen impunemente a las fuerzas del orden, en resumidas cuentas, que en nuestras calles manden los malos. Como en el poema de Niemöller hay que colegir que primero vienen a por ellos pero también que, si no hacemos nada, luego nos tocará a nosotros. El dilema es muy claro: o esta Ley de Seguridad Ciudadana, que en realidad es la Ley del Terrorismo Callejero, o democracia. Yo elijo democracia. Por eso estaré el 27 en Madrid con nuestros ángeles de la guarda.