«Burbujas mediáticas» e inmunidad

Vaya por delante como reflexión que, tal vez quienes gozan de la inmunidad que les confiere su acta de diputado deberían ser si cabe más escrupulosos a la hora de proferir según qué consideraciones por ejemplo a un periodista que les pregunta. Probablemente algún portavoz parlamentario, no precisamente comprometido con los valores constitucionales, podrá pasarse este fin de semana por los billares o el casino de su circunscripción, para jactarse de otra exitosa vuelta de tuerca contra los cimientos del sistema a cuenta en este caso de haber conseguido algo tan impagable como una brecha de división entre los «periodistas de la capital del Estado». Nos desayunábamos esta semana con ese escrito cursado por los equipos de comunicación de PSOE, Unidas Podemos y otras fuerzas parlamentarias de la izquierda y el espectro nacionalista –periodistas asalariados entiéndase que prestan sus honrosos y honorables servicios en partidos políticos– y con la secretaría general del Congreso de los Diputados como destinataria –Meritxell Batet presidenta de la cámara para entendernos– en el que los supuestamente responsables de facilitar su labor a los informadores que acuden al Parlamento, instaban a «tomar medidas» contra la actuación de determinados periodistas acreditados en esta institución por «intolerables faltas de respeto» hacia «el personal de algunos grupos parlamentarios». Esta parece ser la respuesta, o si prefieren el coletazo en forma de absurda pero peligrosa rabieta de algunos portavoces parlamentarios, que parecen querer acotar o si prefieren amordazar preguntas incómodas de eso que tachan como «burbuja mediática de la extrema derecha» y de paso sacar algún rédito extra a costa de dividir todavía más a la profesión de contar noticias arrojándola al barro de la trifulca partidista escudándose en trabajadores de la comunicación, a lo que se tiene en nómina y que han de llegar a fin de mes como todo hijo de vecino.

Personalmente podría recordar no pocos episodios de los que he sido testigo en los que, no portavoces parlamentarios sino presidentes de todo un gobierno de la nación eran interpelados por la prensa con preguntas tan extremadamente incómodas como respetuosas y a nadie en el entorno de estos presidentes se le ocurrió la desfachatez de poner en cuestión el derecho a la información a cuenta de supuestas «anomalías» en ruedas de prensa. Es cierto que los muy contados informadores a los que hoy se señala –mañana pueden ser otros– no representan el sentir general de la sociedad, pero sí a sus lectores y eso es ya más que suficiente para merecer la respuesta de unos políticos que no olvidemos, a diferencia del periodista disfrutan de inmunidad parlamentaria.