Cuarta mordaza

El PSOE, en compañía de otros, ha dado el siguiente paso. Primero fue el poder legislativo, al que asestaron dos cerrojazos reprochados por el Tribunal Constitucional y que ya no celebra con normalidad ni siquiera los debates del Estado de la Nación. Después fue el poder judicial, al que se intentó golpear reduciendo la mayoría que elige su gobierno, al que se golpeó realmente rebajando sus funciones y al que Unidas Podemos, con silencio cómplice de Sánchez, dedica brutales campañas de insultos y descalificaciones. A continuación, le tocó a las Fuerzas de Seguridad, a través de la reforma de una ley que amparaba su labor de control del orden público y que protegía a las mayorías silenciosas frente a las minorías ruidosas, radicales y violentas. El cuarto paso de lo que no puede sino ser una campaña de acecho a la libertad, de acoso a la democracia y de derribo de la Constitución le ha tocado a la prensa libre de este país y afecta a todos los medios de comunicación y profesionales de la información, incluidos aquellos que no han mostrado preocupación alguna. Un paso contra el cuarto poder, traducido en un documento del que no hay precedentes, muy peligroso, en el que la colectividad de partidos que mantienen vivo el sanchismo exigen al Congreso de los Diputados que se adopten «medidas» contra los periodistas que, en su opinión, «generan un clima de tensión». Es, digámoslo claramente y sin subterfugios, un ataque frontal contra la libertad de prensa. También la crónica de un ataque anunciado, porque el asunto se venía mascando desde el momento en que se convirtió en habitual que en las ruedas de prensa de grandes próceres de la tolerancia y el pluralismo como son algunos de los habituales portavoces que empezaron a negarse a responder a preguntas legítimas de algunos medios con el pretexto de la existencia de una «burbuja mediática de la ultraderecha». Una coartada conspiranoica que muestra la osadía envalentonada de un populismo crecido tras las continuas cesiones del sanchismo, y que ha convertido la mala educación con la prensa y la falta de un sentimiento de obligación respecto al control de los medios de comunicación en una sucesión de actos de señalamiento de periodistas, así como de negacionismo de la existencia de un sistema de prensa libre en España. Conductas muy graves en democracia, respecto a las que ahora se da un paso más, reclamando indeterminadas medidas contra periodistas, da lo mismo cuales, con tal de que la línea editorial no sea la que a ellos les interesa. La libertad de prensa, garantizada en el artículo 20 de la Constitución y el 11 de la Carta de Derechos de la UE, es la base del derecho a la información de los ciudadanos, el epicentro del resto de libertades y el auténtico termómetro de una verdadera democracia. Proponer la censura ideológica de los medios de comunicación, el paso que le faltaba por dar al sanchismo y sus satélites, es una conducta inaceptable, propia de los sistemas más represivos, que se adapta como un guante a los peores regímenes totalitarios, da lo mismo de ultraderecha o de ultraizquierda, que todos los demócratas debemos deplorar. Esta iniciativa, al margen de su imposible cumplimento, supone una tentativa de ataque al corazón de nuestra democracia, dentro de una espiral brutal, que requiere de un freno democrático. Afortunadamente España cuenta con un Poder Judicial independiente y un robusto Tribunal Constitucional, los cuales garantizan en última instancia el respeto a nuestras libertades, pero algo muy peligroso está pasando cuando tenemos que recurrir en tantas ocasiones al amparo judicial y constitucional.