Nacionalismo o libertad

Gustave Le Bon escribió hace más de cien años que el hombre comete barbaridades cuando se siente arropado por la masa, abandona la empatía y pierde las formas que conserva en privado. Solo así es capaz de acosar, insultar y perseguir, incluso pegar o matar a alguien por ser diferente. Tenía razón en parte. La masa permite que afloren los peores instintos, el totalitarismo latente que existe, por ejemplo, en el nacionalismo y que se da en pequeña intensidad en el ámbito particular, escolar, familiar o laboral. Lo peor es cuando encuentra apoyo institucional para hacerlo.

Todo nacionalista es xenófobo y autoritario, desprecia la libertad y los derechos humanos en su sentido equilibrado e igualitario, y trabaja a diario para la consecución a cualquier precio de su paraíso terrenal. El nacionalismo es una religión civil a la defensiva que huye de la razón, y que condena las traiciones a la fe nacional. Eso es lo que hace de esta ideología algo tan dañino como perdurable, que requiere continuos actos inquisitoriales. Es lo que está pasando en Canet de Mar con un niño y su familia, que han cometido la osadía de pedir a su colegio que se cumpla la sentencia del Supremo para recibir el 25% de las clases en español. Todo el totalitarismo latente del nacionalismo ha quedado al descubierto, con su apoyo institucional y el entramado civil. Ni siquiera es comparable al Ku Klux Klan, en el que las autoridades colaboracionistas eran castigadas por la ley. Aquí no porque el Gobierno catalán ni siquiera será amonestado por ayudar al linchamiento de esa familia.

¿Y qué hace mientras el Gobierno? Mirar para otro lado, lo que supone colaborar con los nazis del catalanismo, que han convocado una manifestación con antorchas para exigir el respeto al proceso de construcción de su comunidad homogénea. El Ejecutivo no hace nada para evitar este «apartheid» a los disidentes del totalitarismo catalanista, ni para defender los derechos individuales.

No les importa que la Constitución diga que todos tenemos el deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla. Esto se escapa a la afirmación de Sánchez de cumplir de «pe a pa» el texto fundamental. El motivo de tal dejación e incoherencia es que necesita el voto parlamentario de ERC, Bildu y el resto de nacionalistas. Una vez más queda claro que el interés de Sánchez está por encima del Estado de Derecho y del bien general.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dicen que no conocen suficientemente el caso para opinar. Debe ser que no leen la prensa. El Gobierno ha tardado 15 días en pedir a la Generalitat que garantice la integridad física de la familia acosada. Esa dilación no hubiera tenido lugar si hubiera sido una agresión homófoba. Sánchez fue capaz de desplazarse a recibir al Aquarius, pero ni él ni ninguno de sus ministros tienen la vergüenza política de ir a Canet de Mar a hacer que la Constitución se cumpla «de pe a pa».

La oposición encabezada por el PP ha pedido que se reúna la Comisión de Delitos de Odio que estudia estos casos, y ha exigido responsabilidad al Gobierno. La respuesta del sanchismo es que no se politice la lengua, lo que sería gracioso sino fuera dramático porque el idioma es el instrumento de segregación xenófobo y de exclusión social usado por los nacionalistas. La «inmersión lingüística» ha sido desde el principio un ahogamiento planificado del español, todo un símbolo del fin de la libertad en Cataluña. Miremos atrás: el Partido Andalucista consiguió en 1980 dos diputados en el Parlamento de Cataluña. Hoy habrían sufrido el acoso que limita los derechos de reunión y manifestación. Habrían sido tildados de traidores a la patria catalana, e invitados a abandonar la región.