Indignidad

El enorme chollo que representa Pedro Sánchez para los partidos más radicales sigue arrojando noticias terribles a las que una sociedad democrática sana y madura no debe acostumbrarse de ninguna de las maneras. Una cascada ascendente que se produce en el marco de la estrategia de constante aproximación a Bildu, que es una formación política con la que ningún demócrata debería ni siquiera sentarse a negociar nada, mucho menos aceptar sus chantajes. Esta semana los españoles hemos conocido, gracias a la investigación de los homenajes a terroristas que está realizando la Guardia Civil, la existencia de un canal de negociación entre Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, desde donde otrora se lideró la lucha contra el terrorismo, y representantes de los presos de ETA. De facto, una mesa de diálogo destinada a tratar el asunto de la liberación de los presos de ETA, esa que sin pudor alguno anunció hace no mucho tiempo el mismo Arnaldo Otegi. Un paso más de un sistema de pagos y contraprestaciones, similar al de las letras hipotecarias, en el que está directamente involucrado el gobierno sanchista, que comenzó a abonar los peajes con el acercamiento de los presos –de cinco en cinco, todos los viernes–, que continuó con la transferencia de las prisiones al País Vasco, y que está culminando en la reforma legal que, sottovoce, ha sido incluida en la agenda del Gobierno para cambiar el cómputo efectivo de las condenas, con el proyecto de aligerar la estancia en prisión de todos los asesinos, incluidos los que ni siquiera fingen, a través de burdos corta y pega, estar arrepentidos. Una liberación de los presos más sanguinarios de ETA que será la última fase de un largo proceso en el que ahora sabemos que ha existido hilo directo entre el corazón de la seguridad del Estado y terroristas como Kubati, con 13 asesinatos a sus espaldas, o García Sertucha, que intentó atentar contra el Rey. Son muchas las explicaciones que tienen que dar Sánchez, responsable último de todo esto. Tantas que estaría justificada la apertura de una comisión urgente de investigación en el Congreso de los Diputados, porque como telón de fondo está la utilización de la política penitenciaria para mantener los votos de su socio, Bildu, lo que implica servirse del Estado para salvaguardar un interés de partido, como es la permanencia en el poder a cualquier precio. No cabe ninguna duda de que estamos ante uno de los episodios más graves y oscuros de la historia de nuestra democracia, porque de lo que estamos hablando es de algo tan escandaloso como que una autoridad gubernativa, encargada de velar por la justicia y la custodia de los presos, hable y negocie con conocidos terroristas miembros de ETA los tratos de favor que puedan facilitar la salida de prisión a otros etarras. Se trata, sin duda, de hechos muy graves que humillan a las víctimas de ETA y que nos avergüenzan profundamente a todos los demócratas, y que en cualquier país supondría la caída inmediata de un Gobierno entero. Un asunto muy doloroso, que acredita definitivamente que estamos ante un Gobierno tramposo, capaz de hacer saltar en pedazos la legalidad con tal de conseguir cinco míseros votos de Bildu, cambiándolos por la dignidad de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de la Constitución. La prueba final de que estamos ante el peor Gobierno de la democracia española, el más indigno, el más vil y el más mentiroso, y esto nunca lo olvidaran los españoles y mucho menos mis paisanos de Castilla y León. La indignidad no se puede perdonar, se debe castigar.