Leyes Ignominiosas

Reputados juristas han documentado de forma contundente la hiperactividad del presidente Sánchez en la producción de leyes –de Decretos Ley, particularmente–, asociada a una notable desidia en la tramitación de normas legales relacionadas con el Derecho de la Unión Europea de obligada trasposición a nuestro ordenamiento jurídico que corresponde al Gobierno, tal y como reza el Artículo 87 de la Constitución.

En España, somos ya generaciones de ciudadanos educados en el Estado de Derecho como garante de la Democracia, y educados, por tanto, en el respeto a la ley que, como define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE), es el «precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados». Con independencia de la mencionada afición compulsiva de nuestros actuales gobernantes a producir normas –baste el dato de que en 2020 se publicaron nada menos que 12.250 de nuevo cuño–, llama la atención que muchas más de las deseables «leyes» recién-nacidas o en proceso de gestación se orientan a todas luces a imponer contenidos que atentan contra «la justicia y el bien de los gobernados». Es obvio que, en muchos casos, responden a prioridades ajenas a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y que el «modus operandi» que las promueve es la arbitrariedad.

Es decir, asistimos al alumbramiento de «leyes» que no cumplen los requisitos mínimos que exige su definición, enunciada por el DRAE. Si se me permite un ejemplo con el símil del alumbramiento –que se aproxima más a mi formación médica–, podríamos decir que asistimos con estupor a embarazos no de bebés, sino de molas, esas masas carnosas e informes de origen placentario y embrionario que sobrecogen por la presencia revuelta, sin organización alguna, de todo tipo de tejidos (pelo, dientes, hueso…).

Por falta de espacio mencionaré solo dos ejemplos: 1) el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) aprobado el pasado 29 de marzo por el Consejo de ministros y 2) el todavía Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC).

En el caso de la ley de Educación cabría preguntarse: ¿es compatible con el bien común que una «ley» se proponga erradicar el mérito y el esfuerzo del proceso educativo? ¿acaso es acorde con la justicia considerar la excelencia (de ahí la abolición de toda mención honorífica) como un atropello a la igualdad? ¿es acertado identificar la igualdad con el igualitarismo, cuando aquella atiende a la igualdad de oportunidades, mientras el igualitarismo viene a ser una guillotina corta-cabezas de todos aquellos que destacan y este atroz despilfarro de talento se justifica con el ridículo argumento de evitar que nadie se sienta acomplejado o subestimado por codearse con personas más inteligentes, esforzadas o responsables? ¿no resulta sospechoso que una ley tan esencial se redacte con un lenguaje plomizo e incomprensible? ¿no será este recurso una estrategia para camuflar su inconfesable naturaleza, orientada al adoctrinamiento en lugar de a la transmisión de conocimientos y de valores humanos? Como recordaba hace sólo unos días Alicia Delibes con la célebre frase de Jean F. Revel «cuando el adoctrinamiento se impone sobre el conocimiento, la educación se vuelve nefasta y la cultura se sustituye por la impostura».

Desafortunadamente, no suscita mayor confianza el mencionado Anteproyecto de la LOPSC que Dios y las instancias competentes quieran que nunca pase de ser sólo eso, un borrador ¿Resulta reconfortante para el ciudadano responsable que ciertos comportamientos –hasta ahora– violentos dejen de ser sancionables en el ámbito penal y pasen a serlo en el administrativo? La misma consideración se propone para la perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos (sean culturales, lúdicos, deportivos o religiosos), así como la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes. Como profana en la materia y ciudadana de a pie, me atrevo a formular esta pregunta: ¿no parecen estas iniciativas diseñadas para actuar con impunidad «tomando la calle» en el supuesto caso de pasar a la oposición? Como dijo Franklin D. Roosevelt, «en política, nada ocurre por casualidad».

Con acierto o sin él, lo descrito pretende dar razón al titular de esta Tribuna: «Leyes Ignominiosas» que por su misma naturaleza nunca podrán ser consideradas en rigor «leyes» puesto que incluyen –en su origen, desarrollo, contenidos y consecuencias– «la afrenta pública». No es otro el significado de ignominia. El gobierno que pretenda ser alternativa –que no mera alternancia– deberá aplicarse sin dilación en derogarlas porque son fraudulentas e incompatibles con la justicia. Y no olvidemos que sólo la justicia es la antesala de la convivencia.

Inma Castilla de Cortázar Larrea es Catedrático de Fisiología Médica, investigadora en Hepatología, Endocrinología y Metabolismo. Vicepresidente I de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A).