Una política energética fracasada

El Gobierno trata de vender como un éxito que Bruselas haya aceptado una especie de «excepción ibérica» en materia de energía, para que España y Portugal puedan imponer un tope a los precios de los mercados del gas destinado a la producción de energía, amparados en la menor conexión de la Península Ibérica con el resto de la UE en materia energética.

La UE se equivoca al conceder este balón de oxígeno a Sánchez, puesto que da pie a que en España se puedan intervenir peligrosamente los mercados, ya asfixiados por un alto nivel de impuestos y por la ausencia de alternativas eficientes en materia energética, elemento que puede deteriorar, aún más, la situación del mercado energético español. Es verdad que la UE ha concedido esta excepcionalidad a regañadientes, en medio del amago de Sánchez de vetar la cumbre en la que se decidió, pero el introducir ese factor de riesgo intervencionista ya es nocivo de por sí.

Así, el Gobierno limita los precios del gas, donde se abre la puerta a que la evolución de precios en cualquier mercado sensible y esencial pueda tratar de limitarse en cualquier momento solicitando excepciones de este tipo; no es lo más probable, pero genera inseguridad jurídica.

Para continuar, esa limitación podría hacer que las eléctricas decidiesen disminuir su oferta. ¿O es que piensan, también, obligar a las empresas a producir por ley? Si las eléctricas decidiesen anticipar la parada nuclear o reducir su generación energética conjunta, tendríamos un problema para atender la demanda.

Compensar ese precio máximo con gasto público, para subvencionar lo que las eléctricas pierdan, habría sido otra barbaridad, que taparía la ineficiencia de nuestro sistema energético, pero que no lo solucionaría, agravando el problema de gasto y déficit estructurales y deuda exponencial que sufre España. No lo va a hacer, no por falta de ganas, dado el carácter expansivo del gasto de este Gobierno, sino porque ha elevado tanto el endeudamiento que no tiene margen para ello.

Es obvio que esa diferencia tiene que pagarse por algún lado. Así, ese coste adicional parece que se va a repercutir a los clientes que tengan contratada la tarifa en el mercado libre, de manera que serán los consumidores los que habrán de soportarlo también. Por tanto, el Gobierno no soluciona con esta medida el problema del precio de la energía, sino que, simplemente, lo interviene para trasladar el problema de sitio, pero no para arreglarlo, acompañado, eso sí, de un creciente intervencionismo, que junto con el gusto por el gasto público, el déficit, la deuda y los impuestos altos, es un elemento que rige toda la equivocada política económica del Ejecutivo del presidente Sánchez.

El Gobierno, si quisiese enmendar el grave problema energético, de carácter estructural, tendría que hacer dos cosas: la primera, bajar impuestos el margen en el que puede actuar, solicitar a Bruselas un margen adicional para disminuirlos todavía más y reducir aquellos impuestos en los que tiene potestad para hacerlo, como es bajar el tipo impositivo de todos los productos y servicios gravados al tipo general de IVA: no puede cambiar de grupo a los carburantes sin autorización de Bruselas, pero sí que puede reducir el IVA general a todos los grupos. Lo segundo que debe hacer es cambiar su política energética y promover un ambicioso plan de centrales nucleares y autorizar el fracking para extraer gas -en España, el Gobierno mantiene la prohibición de emplear esta técnica, que permitiría contar con reservas de gas para varias décadas en nuestro país, mientras aumenta las importaciones de gas procedente de Estados Unidos, extraído con la misma técnica que aquí prohíbe–, elementos que nos harían menos dependientes en materia de energía y que disminuirían mucho el coste energético, con mejora, así, en la competitividad de la industria y en el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Sánchez propone un mal parche intervencionista en el mercado energético que sólo servirá para disimular, para que parezca que hace algo, pero que enquista el problema en lugar de darle una solución, cuando lo que necesita la economía española son más reformas profundas y menos demagogia publicitaria, así como unos objetivos energéticos alcanzables, que no supongan un empobrecimiento de la población y la industria por sustituir unas fuentes de energía sin haber encontrado otras alternativas abundantes, eficientes y baratas y por no querer seguir los pasos de la UE y considerar a la energía nuclear y el gas como energías verdes en dicha transición energética. Con esta política energética fracasada, el presidente Sánchez empobrece a las familias -que no puedan pagar el recibo de la luz, llenar el depósito del coche o hacer la compra–, hace menos competitiva a la industria –que tiene que parar la producción– y empobrece, en general, a la economía, mientras interviene el mercado como señuelo.