Una tara democrática

Le estaba costando a Sánchez recuperar la concordia cuando va el Estado de Derecho y le arruina la operación. Tanto mimo y tanta consideración al independentismo costalero, hasta una cabeza entregada en bandeja de latón –la plata habría sido Margarita, pero eso era caza muy mayor–, para que ahora venga la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a encender la luz en el mejor momento del baile. ¡Es la guerra! Clama un indignado Rufián ante la revisión de su criterio inicial por parte del Supremo que ahora sí acepta lo que antes rechazó: los recursos contra los indultos de los presos del «procés». Los jueces hacen política contra partidos democráticos, es la España de la Justicia oscura, denuncia el independentismo. Los magistrados del Supremo no pueden interferir en una decisión política como el indulto, protesta el ex juez Baltasar Garzón. Y así en bucle los detentadores de la verdad democrática y medidores de la justa Justicia, que en ambos casos suele ser la propia, la que no disiente de su mirada y su interés.

Pero lo cierto es que ha hablado el Tribunal Supremo y ha tomado una decisión. Nos guste más o menos, nos desagrade menos o mas: la convención y la responsabilidad democráticas exigen el respeto a unas reglas de juego que conviene no olvidar ni pervertir. Cuando la Sala decidió rechazar de plano las decenas de impugnaciones que se presentaron a los indultos, todo fue sobre ruedas. No hubo sino parabienes a la decisión del órgano judicial y elogio a sus garantías. Hoy, al cambiar su decisión tras otro recurso de quienes recibieron la primera negativa, ¿no sigue siendo el mismo órgano judicial? ¿Por qué no nos sirve su rectificación como sirvió su decisión primera? Si, avispado lector o lectora, sé que me va a decir usted, como resaltan los críticos con este cambio, que es que se ha producido una renovación de esa sala, y eso ha llevado a una modificación del criterio inicial. En enero, cuando se decidió no aceptar los recursos, el juez Segundo Menéndez y la ponente Angeles Huet impusieron su criterio junto al magistrado Octavio Herrero, a los otros dos miembros de la Sala, Fernando Román y Wenceslao Olea. Poco después se jubiló el juez Menéndez y Huet fue sustituida por Inés Huerta, quien finalmente decidió inclinar la balanza de la Justicia al otro lado. Han cambiado los nombres y las mujeres, seguramente su criterio y su concepción de la verdad jurídica, siempre discutible. Pero ¿invalida eso su decisión? ¿determina el cambio que el valor de sus sentencias es inferior porque sus puntos de vista difieren de los anteriores? Aceptar tal cosa es convenir que el criterio personal y el interés ideológico condicionan las decisiones judiciales. Y asumir esa verdad es una quiebra esencial en la confianza del sistema, una confesión de poca fe en la independencia judicial. En realidad, la exhibición de una tara democrática: si cuestiono personalmente a los jueces cuando deciden en mi contra, es que sólo acepto jueces que sentencien o decidan a mi favor.