«El caso Pemán»

La llamada memoria histórica no es memoria, porque no busca recordar el pasado, y no es historia, porque no busca estudiarlo, sino utilizar las heridas del pasado para promover una agenda política en el presente. Ha sido rebautizada como memoria democrática, pero democracia significa que el pueblo elija, y es otro el objetivo de la izquierda.

Lo ilustra Daniel García-Pita Pemán en: «El caso Pemán. La condenación del recuerdo», que publica la Editorial Almuzara. El autor, nieto mayor del escritor gaditano, reivindica la memoria de su abuelo, maltratado por los progresistas. Pero hace algo más, y muy importante: como jurista que es, desmenuza los pormenores legales y políticos de la cuestión.

Tras un ardid de Baltasar Garzón para sortear la irretroactividad de las normas penales, llega Zapatero. Pero su Ley 52/2007 incluía el principio democrático: «se reconoce un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano… No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva».

Allí empezó el problema, porque el pueblo en democracia eligió no participar. En Andalucía, de las 614 fosas, en solo seis se exhumaron cadáveres a petición de familiares.

Aparece entonces Sánchez, y en el proyecto legislativo, señala García-Pita, «visto el escaso éxito en la medida de las exhumaciones, sus promotores decidieron ignorar el argumento de la piedad individual y familiar para convertirlo en un interés colectivo». Fracasó el PSOE primero en Europa con el informe Brincat, porque el Consejo condenó todos los totalitarismos, «sin singularizar la dictadura franquista como era el propósito de la operación»; y encima ensalzó la transición, «duro correctivo para el PSOE», cuando el informe Brincat «desautorizaba la transición como un pacto de silencio vergonzante».

Acudió la ONU al rescate de la izquierda, con el relator Pablo de Greiff, que avaló el anhelo socialista de «estatalizar» el derecho a las exhumaciones: «un asunto tan significativo para la verdad y la memoria histórica no podía dejarse en manos de los particulares», con lo cual las exhumaciones dejaban de ser un derecho de las familias. Las haría el Estado, al margen de la voluntad de los descendientes de las víctimas.

La izquierda, feliz: corregida la doctrina europea, «abrieron la puerta a una descalificación de la transición». El libro de Daniel García-Pita es clave para comprender esta maniobra.