Populismos e impuestos

No están los tiempos para hacer demagogia. La inflación ha sobrepasado la barrera del 10%, un dato que ha superado las peores previsiones y no es lo único que va mal, las expectativas en los mercados energético, construcción e industrial son preocupantes y el crecimiento económico se tambalea.

Autoridades, empresas y mercados respiran un clima de pesimismo en general y reconstruyen sus estrategias en función de las expectativas. Es el efecto Pigmalión, si todos se comportan con la seguridad de que algo va a ocurrir, termina ocurriendo. Por ejemplo, si se da por segura una alta inflación, trabajadores y patronal pactarán subidas salariales que, a la postre, generan más inflación.

Lagarde ha sido clara, el control de la inflación es prioritario sobre el crecimiento económico y Guindos ha ido más allá, adelantando hace unos días las claves en las que tomará decisiones el BCE, apuntando a nuevas subidas de los tipos de interés en el futuro próximo.

La cuestión fundamental de debate entre Gobierno y oposición deberían ser las medidas a tomar para evitar que aumenten las bolsas de desigualdad y pobreza. Sin embargo, estamos en tiempo electoral y el populismo se ha apoderado de los discursos.

Desde el PP se ha iniciado una ofensiva en materia fiscal en el que los presidentes autonómicos populares son el ariete contra el PSOE. Feijóo se equivoca y, además, pone en riesgo ese papel de hombre de Estado que se empeña en proyectar.

En España no pueden caber diecisiete sistemas fiscales diferentes, en los que las comunidades autónomas compiten entre sí por cobrar menos impuestos y se pelean por el exprimir los fondos del Estado.

No puede ser que el PP esté en contra de que los gobiernos regionales usen las competencias educativas que, por cierto, en su mayoría transfirió el gobierno de José María Aznar y que promuevan, al tiempo, que usen las que tienen en materia fiscal con fines electorales.

La respuesta del PSOE no ha sido mejor. Se ha sumado a la línea populista abierta por los conservadores contraatacando con un impuesto a las grandes fortunas que tiene más de folclore que de medida seria.

Los grandes patrimonios en España no están a nombre de personas físicas, sino bien encajados en sociedades mercantiles y patrimoniales que siempre pagan menos impuestos. Por otra parte, nada tiene que ver con el extinto impuesto sobre el patrimonio que gravaba fundamentalmente a las capas medias de manera injusta.