La libertad y la Administración

En este momento no se puede olvidar lo que, en un documento efectuado por el Banco Mundial, titulado Doing Business 2010, se ordenaba –de menores a mayores dificultades– la capacidad de poner en marcha negocios en el mundo, yendo Singapur en cabeza. España se encontraba –y no parece haber mejorado–, en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazajistán. Cuando comprobamos los serios problemas que hoy tiene la economía española, relacionados con la competencia internacional, con un débil crecimiento, con un alto nivel de desempleo, y con un endeudamiento colosal en el sector público, parece evidente que deben adoptarse medidas de cambio radical en nuestra estructura económica. Es necesario basarse en lo que, en 1929, escribió el por mí siempre admirado economista Flores de Lemus. Su texto era el siguiente: «El progreso económico realizado en el mundo, desde el último tercio del siglo XVIII, es inmensamente más grande que el de toda la historia anterior de la humanidad. Ese colosal avance se debe, en lo fundamental, al establecimiento de organizaciones económico-políticas basadas en la libérrima iniciativa de los empresarios. Se ha formado, de este modo, una psicología de los hombres y directores de empresas que no admite otra norma que su propia visión del negocio, ni más condición que la de hallarse dispuesto a tomar, sobre sí, las consecuencias de sus actos, cualesquiera que ellas sean». Y agregó: Por eso, acontece que su espíritu se encoge y cohíbe, si ha de cometer sus iniciativas a instancias burocráticas o semiburocráticas. Es manifiesto que… Se trata de una cuestión de principios, que no puede resolverse en un más o un menos, mientras la economía de la industria y del comercio de España se hallen en régimen de expediente, como en los tiempos de decadencia del viejo mercantilismo –condenado por la gran visión de Jovellanos– y así, sin tener en cuenta eso, no se puede pensar que anime a los empresarios, el espíritu que nació, justamente, de la abolición de aquel régimen».

La realidad económica actual española exige, muy prioritariamente, que la actividad empresarial privada pase a tener un papel fundamental. Ha de destacarse la importancia doctrinal de las aportaciones efectuadas en el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas por Juan Alfonso Santamaría Pastor, con el título de El poder, la libertad, la Administración y el Derecho, y la contestación efectuada por Santiago Muñoz Machado. Señalaba Santamaría Pastor que le «parecía ilusorio lamentablemente, pensar que los poderes públicos frenen su inclinación a continuar introduciendo nuevas regulaciones, menos aún, que la detengan por completo. No se trata sólo de que los políticos se enfrenten, nada más tomar posesión de su cargo, con cuestiones heredadas y con nuevos problemas que surgen el mismo día siguiente; es también que todos ellos tienen en la cabeza proyectos legítimos que desean materializar. Saben además que emprender iniciativas reguladoras les permite tener visibilidad en los medios, tanto mayor, cuanto más llamativo y polémico sea su contenido, y que, en el peor de los casos, ningún ministro o consejero desea exponerse a la acusación de pasividad, por parte de la opinión pública (o de su presidente), que recaería sobre él, si se mostrase inactivo. Todo en su entorno, en suma, le hace ser vulnerable a ese trastorno mental que se llamó el furor de gobernar. Las normas, me temo, seguirán lloviendo sin cesar sobre el ordenamiento jurídico ya inabarcable, al modo de un pavoroso remolino de polvo y escombros, contrafugado por la cólera del huracán, como decía Gabriel García Márquez en la insuperable página final de su gran novela».

Y en la contestación, Muñoz Machado señalaba también este serio problema, contemplado desde la economía. Tengamos en cuenta sus palabras: «Ha habido, en los estados europeos, un aparente retroceso del Estado, en lo que concierne a sus funciones de gestor de empresas y servicios. En la economía de los estados, han desaparecido los monopolios, muchas empresas públicas, y, sólo si se cumplen requisitos muy estrictos, han podido mantenerse servicios económicos de interés general. Los servicios sociales y de autoridad han tenido una evolución más favorable al mantenimiento de su titularidad pública; pero también han quedado afectados por esa filosofía de reconversión, favorable al crecimiento de los servicios, que operan en régimen de competencia y mercado, y sin gozar de regímenes jurídicos privilegiados, como era común en España y en toda la Europa continental, hasta hace pocos lustros». Por eso, reclama «el auxilio de los juristas del Estado, de los generadores de ideas que sirvan para establecer el equilibro entre intervención pública y garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos» que, como indican los investigadores, habían «necesitado dos siglos de constitucionalismo para estabilizarse y actualmente están de nuevo en peligro».

Juan Velarde Fuertes es catedrático y economista.