Amnistía y autodeterminación

En una contienda electoral lo que se somete al escrutinio ciudadano es el balance del Gobierno. La hoja de servicios, de facto, es la única forma de contrastar la capacidad de cumplir esas nuevas promesas con las que se concurre a la revalidación del mandato. Esta semana se ha completado el acercamiento a cárceles del País Vasco de los llamados presos duros de ETA, que son los que en su día ordenaban atentados y secuestros o coordinaban el suministro de armas y explosivos. El último en ser acercado ha sido Atxurra Egurrola, alias Pototo, quien mandó secuestrar y encerrar durante 532 días en un zulo de 3,5 metros cuadrados a José Antonio Ortega Lara. Uno más de los 300 acercamientos sin criterio favorable de las juntas de tratamiento, con el saldo de que ya no hay dirigentes terroristas en cárceles del Estado, lo que facilita que el Gobierno Vasco, al que Sánchez transfirió las competencias penitenciarias, los excarcele. Así lo ha hecho con la concesión de 29 terceros grados, según datos que ha recogido y publicado la AVT, de los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido 21, cinco de ellos con éxito, porque los tribunales de Justicia entendieron que no había una petición expresa y clara de perdón hacia sus víctimas por parte del preso excarcelado.

El segundo logro del Gobierno es la culminación de la desjudicialización (esa forma de denominar a la impunidad) del «procés» con la presentación en el Congreso de una proposición de ley para derogar el delito de sedición y sustituirlo por «desórdenes públicos agravados». Es la derogación del citado delito, que fue recibida por los promotores del independentismo con renovados anuncios del famoso «lo volveremos a hacer» y peticiones de amnistía, referéndum y autodeterminación, no sabemos en qué orden. Es el agradecimiento de los autores del golpe de 2017, que verán ahora sus penas reducidas, después de recibir el mensaje claro de que, a quienes perpetren este delito en el futuro, les saldrá mucho más barato. Todo ello merced a una reforma legal que no contará con informes ni del Consejo de Estado ni del CGPJ, que no se atiene al marco europeo y que deja inerme al Estado.

Sánchez jamás miente a Bildu y a Esquerra, especialmente cuando se trata de sus presos. Ligado su destino al de sus socios, el presidente del Gobierno ha convertido en su balance de logros la rendición ante los chantajes y la cesión ante las presiones, convirtiendo el Código Penal y nuestro sistema penitenciario en moneda de intercambio que posibilite su permanencia un año más en el Palacio de La Moncloa, en el falcon y en el súper puma. Es un problema que Pedro Sánchez no haya comprendido en ningún momento que ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden someterse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos para mantener una coalición de intereses en la que están integrados quienes segaron la vida de 900 españoles y quienes se levantaron contra nuestra nación. Es ahí, no en el bienestar ni en la economía, donde está situada su prioridad y, por tanto, su balance: en el intercambio de la dignidad de las víctimas, la integridad de la nación y la firmeza de las leyes por un puñado de luces parpadeantes en un tablero de votaciones.

El nacionalismo independentista es un estomago insaciable, y casi conseguida una encubierta amnistía, se lanzarán a por la autodeterminación forzando la descomposición de España, y lo grave es que el camino lo está marcando y facilitando el Gobierno cuya obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución.