El consenso constitucional

Uno de los aspectos más lamentables de la crisis institucional que vivimos es la irrupción de los socios parlamentarios del Gobierno hablando de golpe a la democracia. Otegi, el líder de los filoetarras, ha afirmado que «es un caso claro de lawfare, un golpe de estado que dan las togas». Menudo despropósito. Por supuesto, Iglesias, que querría imponer una república bolivariana, aprovechó para darnos lecciones y montarse uno de esos relatos disparatados a los que nos tiene acostumbrados. En su caso es más lacerante porque estudió Derecho y esperaba un análisis más riguroso sobre una cuestión que afecta a un procedimiento legislativo chapucero. Los independentistas han salido en tromba. En todos subyace esa idea de «soberanía popular», olvidando la división de poderes. Con el fin de garantizar el respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico es necesario el Tribunal Constitucional. Las Cortes no están por encima de la Constitución y sus decisiones no pueden vulnerarla. Es bueno recordar que señala claramente que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

Por lo tanto, hay tres poderes, sin que ninguno de ellos esté por encima del otro, sino que tienen su ámbito de actuación y unos mecanismos de colaboración. El problema surge cuando no se respetan los procedimientos y se decide ignorar las sentencias del TC. No hay ningún golpe de las togas u otros despropósitos que estamos escuchando estos días. Se están haciendo las cosas mal conscientemente. En este lamentable terreno se encuentran las descalificaciones contra dos excelentes juristas como Pedro González-Trevijano y Enrique Arnaldo, en quien han focalizado la campaña de acoso y descalificación, así como al resto de magistrados que denominan conservadores, como si esto fuera un demérito frente a la inexistente superioridad de los progresistas. No se cuestiona la autonomía parlamentaria, sino que se impide la degradación del sistema democrático y se pide que la acción legislativa transcurra por el camino correcto. La sobreactuación del Gobierno y sus grupos parlamentarios afines es un grave error como sucedió con la ley del solo sí es sí. Lo que no tiene precedente es que se anuncien ahora medidas sin mejorar los procedimientos y respetar la Constitución. Desde luego, es algo que no sucede en nuestro entorno. Sánchez debería volver al consenso constitucional con el PP.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).