Democracia y Ley

Vivimos un momento democrático extremadamente crítico. El partido que ha gobernado España más años desde el 78 ha decidido que no le gusta el país que gobierna y está dispuesto a salirse del sistema. Por una mezcla de necesidad aritmética, de estrategia de movilización y de subconsciente convicción ideológica ha asumido el discurso y los objetivos de los independentistas catalanes y de las fuerzas más radicales del País Vasco. Gobernar con Podemos le ha contagiado de tics antisistema que llegan al punto de asumir su lenguaje en asuntos como la forma de Estado o el poder judicial. Y al igual que los golpistas catalanes, ha asumido la retórica de que las mayorías, especialmente si son ellos quienes las detentan, están por encima de la ley y no pueden ser sometidas a ningún control previo de carácter institucional como tampoco a un control judicial posterior. Ha tenido que venir el Tribunal Constitucional a decirle al Gobierno algo tan sencillo, tan obvio, pero también tan trascendente, como que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Porque esa es la única manera de garantizar la primacía de la ley frente a la arbitrariedad, que se basa en la división y el equilibrio entre los poderes, con el Tribunal Constitucional, precisamente, como supremo árbitro del sistema, que es lo que corresponde en una democracia plena y en un Estado asentado. Un sistema en el que los requisitos, procedimientos y plazos, más agravados cuanta más entidad tenga la institución o derecho afectado, son importantes, porque las normas que protegen a la democracia solo se pueden cambiar con procedimientos plenamente ajustados a la Constitución y a la ley, tanto en fondo como en forma. El grave intento del Ejecutivo de aprovechar la reforma del Código Penal que despenaliza la sedición y rebaja la malversación, para cambiar, por la vía de enmiendas incongruentes, tramitadas sin apenas debate, las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, para colocar de esa forma a dos personas indisimuladamente afines en el TC, ha resultado ilegal. De momento ha quedado claro que lo es en cuanto al procedimiento seguido para su tramitación, y que no es la oposición la que pretende esquivar la voluntad popular, sino que son el Gobierno y sus socios los que quieren evitar los debates parlamentarios mínimamente exigibles e impedir los informes de los órganos consultivos, porque unos y otros revelarían las inconsistencias y riesgos del fondo de una reforma que afecta al funcionamiento del equilibrio entre poderes del Estado. Por eso resulta enormemente preocupante que el Gobierno haya acatado a regañadientes y atacado con saña no solo una actuación legítima del recurrente sino una decisión sólida del TC. Sabemos que el PSOE y su mayoría política mantienen vivo su plan y que continúan con una huida hacia delante en la que van a cumplir, ahora sí, algunos procedimientos formales, aunque seguirán sin contar con los informes preceptivos de órganos básicos, ignorando las últimas advertencias de Europa. La demonización del adversario y la puigdemonización de las instituciones del Estado no valen. Sánchez está noqueado, porque las quejas por su deriva ya no solo proceden de los partidos de la oposición, sino que se van incorporando a ellas cada vez más socialistas moderados. Para este Gobierno, Montesquieu es claramente el fantasma de las navidades, no creen en la división de poderes salvo que los controlen obscenamente. Resulta claro que Sánchez y su gobierno tienen problemas con la ley, o bien la elaboran mal o bien directamente la incumplen. Feliz Navidad a todos.