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La nueva etapa del Constitucional

No me importa que la mayoría del TC sea progresista, porque todos, al margen de sus ideologías, deberían actuar como juristas y no como leguleyos al servicio de un partido

Pedro González-Trevijano es, sobre todo, un excelente jurista y una persona de gran calidad humana. Hace muchos años que lo conozco. El despacho de mi cátedra está cerca del suyo. No solo ha sido mi rector, sino que es un buen y leal amigo. El manual que elaboró con Jorge de Esteban es una obra de referencia del Derecho Constitucional. Su trayectoria académica y la solidez de sus publicaciones le avalan, pero todo se puede sintetizar en su discurso de despedida como presidente del TC. Es un texto brillante y certero al margen de cualquier ideología. Hace pocos días, para preparar la clase sobre esta materia, volví a leer el discurso de García-Pelayo como presidente del recién creado TC. Los dos son textos de gran altura donde se defiende la independencia de la institución y el papel constitucional que le corresponde. Es el reto que tendrá que afrontar su sucesor o sucesora. Trevijano señaló que «ni unos ni otros podemos arrogarnos un poder constituyente, ni tampoco avalar mutaciones de la propia esencia de la Constitución que resulten inconstitucionales». No pudo estar más acertado, porque los magistrados tienen el deber de interpretarla sin aceptar ningún tipo de mutación.

Otro aspecto relevante es la pertinaz vulneración de la previsión constitucional sobre los reales decretos-leyes. La situación es escandalosa y urge poner coto a esa «laxa convalidación». No solo entra en manifiesta contradicción con el requisito de extraordinaria y urgente necesidad, sino que no puede justificarse por un criterio de oportunidad política. El respeto del Estado de Derecho pasa por un cumplimento del fondo, pero también de las formas. Las técnicas legislativas chapuceras son una práctica deleznable que menoscaba la calidad democrática. Lo mismo sucede con la división de poderes, que no puede ser una declaración nominal, sino que es una responsabilidad que compete a todos los poderes públicos. En este sentido, es imprescindible garantizar la independencia del TC y del CGPJ. No me importa que la mayoría del TC sea progresista, porque todos, al margen de sus ideologías, deberían actuar como juristas y no como leguleyos al servicio de un partido. No sé quién será el nuevo presidente, lo único que espero es que todos actúen en conciencia como hicieron Manuel Aragón o Encarna Roca.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).