La arbitrariedad y voracidad fiscal del sanchismo

El sanchismo es un movimiento que se caracteriza por sus permanentes contradicciones. Es algo que abarca todos sus aspectos. Al tratarse de un populismo radical cuenta con la simpatía de la izquierda mediática. El nivel de exigencia ética y coherencia, salvo escasas excepciones, es nulo. Nada que ver con lo que sucedió con el gobierno de Rajoy. Durante años escuchamos y leímos el contenido de los argumentarios que vomitaba el poderoso aparato propagandístico del PSOE en materia económica aderezado con la inestimable fuente de autoridad de la Wikipedia. Ahora han proliferado los pseudo juristas y entonces lo hicieron los pseudo economistas. Las referencias en los periódicos y las tertulias a los incumplimientos en política económica y en materia tributaria eran constantes, aunque no se quería recordar el desastre económico que había dejado el gobierno socialista. España estaba al borde de la suspensión de pagos y la consiguiente intervención. Por ello, fue necesario incumplir los compromisos electorales y tomar decisiones muy impopulares. El desastre económico heredado era colosal.

Otro de los problemas del sanchismo es la exasperante mediocridad de su equipo económico gubernamental que está formado en algunos casos por técnicos inexpertos, pretenciosos y arrogantes. El disparate llega al extremo de que en otros ni siquiera son economistas. A esta impericia se une el desconocimiento en materia fiscal y no haber trabajado nunca en la economía real. Por ello, actúan con arbitrariedad y afán confiscatorio como ha sucedido con los impuestazos a la banca y las eléctricas. El objetivo de la vicepresidenta Montero, cuyos conocimientos en materia hacendística son ignotos, es convertirlos en permanentes cuando era una medida provisional e inconstitucional, aunque para establecer lo contrario está Cándido Conde-Pumpido como máximo adalid de las tropelías jurídicas del sanchismo y el uso alternativo del Derecho.

El carácter confiscatorio de este tributo es evidente, pero forma parte de la política extractiva de Sánchez que es muy lesiva para el progreso de nuestro país. Necesita recursos para seguir con la economía creativa, favorecer a las redes clientelares y aplicar políticas de subvenciones y ayudas públicas para comprar votos. Si compró la presidencia del Gobierno con la amnistía hará lo mismo para mantenerse en La Moncloa. Es coherente con el populismo característico de la izquierda bolivariana y peronista en el que los amigos se hacen millonarios mientras se perjudica a las empresas y la economía productiva. Durante este tiempo se han atropellado los procedimientos administrativos, la transparencia, el buen gobierno y se ha ignorado el mérito y la capacidad. La España del sanchismo es de los Ábalos, Koldo, Aldama y tantos otros que se enriquecieron gracias a la pandemia. Es la ética de la izquierda populista.

Es cierto que los datos de crecimiento son positivos, pero es una consecuencia a la disparatada borrachera de deuda pública y gasto descontrolado de la administración central del Estado y el sector público empresarial. No es difícil gestionar una economía donde se gasta sin límite y se utilizan conceptos creativos para esconder una pésima gestión. Los problemas estructurales siguen ahí y crecemos gracias a las empresas que tan poco quieren. Perdón. Tengo que matizar esta afirmación, porque quieren a las empresas de los especuladores, los reyes del pelotazo o las del millonario Contreras y sus colegas. Por supuesto, apoyan a los que asaltan RTVE para que sus productoras multipliquen sus beneficios. Esto del impuestazo responde a un concepto de tributación injusta y desigual. Es un disparate convertir en permanente un impuesto que se creó de forma extraordinaria y temporal. Las consecuencias serán lamentables para la economía, porque ya se han perdido inversiones y se perderán muchas más. Es un mensaje al mundo sobre la inseguridad jurídica que caracteriza a este gobierno que se une a la crisis institucional. Son factores que desincentivan las inversiones o la atracción de capital extranjero. El despropósito llega al extremo que el PNV lo apoyará a cambio de que se lo cedan para que así no se aplique en el País Vasco y Navarra. Es una vergüenza y una posición de privilegio que resulta escandalosa. No tendrían que poder votar y condicionar al resto de españoles. Es el resultado de tener un gobierno débil que se humilla ante sus socios y aliados.

A estas alturas parece que la ofensiva gubernamental fracasará. Puigdemont no está dispuesto a que se perjudique a Cataluña y se opone a la economía dirigista del sanchismo. Es una gran oportunidad, al igual que en otros temas importantes que afectan a la economía y las empresas, para lanzar el mensaje de que se preocupa de los problemas que afectan a los ciudadanos. Es cierto que Santos Cerdán y otros mediadores trasladan el mensaje de que Puigdemont está controlado y que aprobará los Presupuestos. Lo que sabemos es que no quiere ser rehén de Sánchez, que es lo que sucederá si los aprueba. Por otra parte, no comparte las chorradas de Yolanda Díaz y sus mariachis que querrían nacionalizar empresas para así colocar más amiguetes. Les gusta mucho vivir a costa de los presupuestos y no pegar palo al agua como sucedía con Errejón. La vagancia es otra característica de la izquierda comunista, aunque también del sanchismo cuyos dirigentes, altos cargos y cuadros directivos nada tienen que ver con el PSOE de antaño. La continuidad del impuestazo a la banca y las energéticas tendrá un coste infinitamente mayor que los recursos que pueda conseguir. Las inversiones que se perderán si se mantienen son datos objetivos, aunque espero que tenga que tirar la propuesta a la papelera y mostrando que es un gobierno débil con más pasado que futuro. No me extraña que Sánchez prefiera estar fuera de España que sufrir la presión judicial, de sus socios y del PP.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).