Barra libre para injuriar a los católicos y la Corona

Es muy oportuno leer o releer la intervención de Sánchez en defensa de la moción de censura que le llevó a La Moncloa hace más de seis años. Recordando, además, que lo hizo pese a haber sido derrotado en las dos elecciones generales precedentes de diciembre de 2015 y junio de 2016, y con la menor cifra de diputados obtenida por el PSOE desde las elecciones constituyentes de 1977, con 89 y 84 escaños respectivamente. Es oportuno para contrastar lo que ha hecho, con lo que se comprometió conseguir para «garantizar la calidad de la democracia», –que según él– estaba amenazada por la corrupción del PP. Al parecer, durante los seis años transcurridos desde entonces, su «persona» no ha debido tener ninguna responsabilidad en que ahora esté tan mal nuestra democracia –dice que ya convertida en un «lodazal»– que hace urgente y necesario un plan regenerador que sus vicepresidentas no saben explicar y sus socios descalifican. En aquella moción de censura hizo hincapié en la «transparencia», considerada virtud política esencial para ese propósito regenerador. La cual transparencia ha brillado por su ausencia durante estos años y que ayer volvió a comprobarse con la nueva comparecencia de su esposa Begoña Gómez, accediendo y saliendo con descriptible transparencia de la comparecencia judicial en la que –en uso de su derecho– se ha negado a declarar. Y con ello, no aclarando nada de ese caso, que copa ya la atención de gran parte de la opinión pública y de la opinión publicada. Así, ya podemos comprobar que su plan «regenerador» de la democracia, consiste en que sean perseguidos quienes les ofendan o injurien a ellos –el sanchismo, con el PSOE y Sánchez en cabeza– por considerar que las críticas son «bulos y fango que convierten la democracia en un lodazal» con los pseudo medios, mientras se suprimen del Código Penal los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona. El PSOE actual se ha convertido en aquel PSOE de la II República que promovió el golpe de Estado revolucionario de octubre de 1934 y que con el gobierno del Frente Popular llevó a España a la guerra civil en 1936. Pero no hay ley de memoria –ni histórica ni democrática– que obligue a creer en una pseudo historia construida mediante hechos inexistentes e inventados a la medida de los intereses y conveniencia del sanchismo. El cual, imitando a aquellos republicanos precursores suyos que aprobaron la represora ley de defensa de la República, quieren hacer ahora otra de defensa del sanchismo. Porque el sanchismo y la democracia son conceptos que la autocracia pretende imponer por ley.