CGPJ: toda cautela es poca con el sanchismo

La Comisión Europea ha aceptado el papel de mediador para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha aceptado participar en un «diálogo estructurado» y ha citado para ello el próximo miércoles a una primera reunión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Bruselas ha dado el paso al frente que se le ha demandado especialmente por la desconfianza ganada a pulso de los populares en los socialistas y su política intervencionista en las instituciones del Estado, especialmente en órganos críticos y decisivos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General del Estado. El plazo es de dos meses para alcanzar un compromiso que se ceñirá a las apreciaciones formuladas por la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023, como ha refrendado el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand. Existen, por tanto, reglas, condicionantes y mandatos no menores que el futuro pacto sobre la Justicia debe respetar. A saber, el fin del arbitraje comunitario persigue acabar con la interinidad del órgano de gobierno de los jueces, pero también una reforma de la ley del CGPJ que promueva su independencia y lo blinde de la politización inherente a la regulación vigente. Estamos ante una doble actuación en paralelo que debe converger en línea con las pautas y los cánones de la Unión sobre la independencia de los tribunales y la división de poderes con un Consejo de jueces elegidos por sus pares, como procedimiento referente de probidad democrática. Hasta la fecha el Gobierno no ha aceptado la fórmula que blindaría la imparcialidad y la objetividad del único poder del Estado que se escapa a su control. Para manifestar su auténtica voluntad de desbrozar la negociación, será determinante que el Ejecutivo rectifique y que lo realice sin matices, medias tintas o peros. Lo hará, en todo caso, en medio de la fiscalización europea, con las consecuencias que a nadie se le oculta en términos políticos, de imagen y de prestigio fuera de nuestras fronteras. Aunque estamos convencidos que todos los esfuerzos son precisos para proteger al estado de derecho, por más que nos parezca que el arbitraje europeo refleja la excepcionalidad desoladora de la democracia sanchista, nuestro escepticismo y pesimismo sobre los planes reales de Moncloa y el valor de su palabra se asientan en la experiencia amarga de estos cinco años en el poder. Al menos, Didier Reynders lo conoce bien, porque ha padecido la recurrente mentira oficial, por ejemplo con una ley de Amnistía sobre la que negaron conocimiento alguno un día antes de presentarla. Todas las cautelas se nos antojan insuficientes con el responsable de haber provocado el estado actual de colapso de los principales tribunales del país con el asalto al actual CGPJ que no se sometió a sus planes.