Acabar con una gran injusticia

Al final Doña Cristina ha decidido renunciar a su derecho a recurrir el injusto auto del juez Castro y comparecerá voluntariamente para acabar con una situación que le perjudicaba. Desde hace meses está sometida a un linchamiento sin límites por parte de aquellos que ignoran la presunción de inocencia porque la han sustituido por la presunción de culpabilidad. Han decidido condenarla mediáticamente. Es un deseo de sustituir el Estado de Derecho por un Estado mediático en el que el «cuarto poder» se convierte en único y donde no es necesario probar los presuntos delitos. En el marco de las diligencias previas de una instrucción los «sumos sacerdotes de la verdad revelada» adjudican unas actuaciones delictivas que todavía no han sido judicialmente consideradas como tales y, además, concluyen que los señalados por el «dedo mediático» debían saber que lo eran. La Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado consideran tajantemente que no hay ningún fundamento para imputar a Doña Cristina. Ni al juez Castro ni a los «fiscales mediáticos» les importa, porque quieren satisfacer su objetivo. Los argumentos fácticos y jurídico-penales del auto del juez estrella fugaz son inconsistentes, pero es algo también irrelevante en la cacería mediática. La decisión de la Infanta al renunciar al recurso no era fácil, porque no ha participado en ninguna actividad delictiva o ha tenido ninguna actuación que pueda ser calificada contraria a Derecho.

El problema es que los «fiscales mediáticos» le acusan sin fundamento de no querer colaborar con la Justicia y de recibir un trato de favor. He escuchado tanto disparate que no salgo de mi asombro y una vez más reflexiono sobre el riesgo que sufre un personaje público cuando se desatan campañas mediáticas. A Urdangarín lo han condenado sin dejar que se defienda y sepamos si hubo errores, faltas o delitos así como la gravedad que tuvieron. Ahora es un «malo» oficial. A su esposa la han convertido en el blanco predilecto, porque es la hija de un Rey extraordinario al que algunos quieren forzar a que abdique. Tanto ensañamiento no es algo casual. Es una cuestión de caza mayor y las piezas son realmente valiosas.

El único aspecto positivo es que la campaña contra la Infanta debería tener fecha de caducidad, aunque me temo que los «fiscales mediáticos» seguirán con ella cuando deje de estar imputada. No les bastará. En cualquier caso, el mal se ha producido porque estas campañas de humillación y desprestigio tienen consecuencias tanto personales y familiares como en la imagen pública. La estigmatización se convierte en un grave problema porque se siembra la duda con mentiras y exageraciones. Y para Urdangarín es un daño irreversible sea cuál sea el resultado del proceso.