Ante el mismo error

Rajoy confía en la ley para frenar la sedición de un gobierno que tiene como hábito violarla continuamente, confortado ya en la costumbre de que su insubordinación (ahí están sin acatar las múltiples sentencias del Constitucional y el Supremo sobre el castellano) no tiene más consecuencias que el consentido atropello de las libertades. Veremos. La ley es estéril sin un poder coactivo legitimado democráticamente que obligue a su cumplimiento. El orden constitucional de la II República violado por la declaración unilateral de la independencia de Cataluña en 1934 tuvo que ser restaurado manu militari. Dos años antes se había celebrado el debate sobre su estatuto en las Cortes republicanas. Ortega alertó del gran error de creer que el nacionalismo plantea un problema que puede resolverse mediante lo que Azaña denominó la «extirpación del descontento». Bastaría conceder la autonomía política para zanjar la cuestión catalana. De nada sirvió que Ortega explicara cómo el impulso nacionalista hacia la secesión es innato. Nunca se evapora. Aunque por momentos parezca soterrado cuando el proyecto nacional se impone a ese aliento particularista que permite a unos pocos exaltados arrastrar a la mayoría a posiciones radicales si la tarea colectiva de hacer de España «una Nación mejor» desfallece.

Ochenta años después, España asiste a un déjà vu. Un Zapatero necesitado de apoyos despertó el apetito de la secesión, Rajoy creyó después que con dinero podría saciarla y el PSOE aprovecha el embate a la soberanía nacional para disimular su confusa idea de España con una propuesta de reforma constitucional que socorre a quienes creen, como Azaña en 1932, que el nacionalismo sólo formula un ejercicio de «encaje político». Otra vez, ante el mismo error.