Balanza de poderes

Durante la guerra de Sucesión de la Corona de España a la muerte del rey Carlos II de Habsburgo las cancillerías europeas alertan el instinto de reparto para aumento de sus territorios a costa de naciones decadentes o en supuesto trance de extinción. En el transcurso de la contienda española, los círculos gubernamentales ingleses -a pesar del caos originado en Inglaterra por el reinado de Guillermo de Orange, casado con María, la hija protestante de Jacobo II y desplazado del trono tras el último intento de Restauración estuardista; a Guillermo le sucede la reina Ana (1702-1714), casada con el príncipe Jorge de Dinamarca, sin sucesión, por lo cual se «contrata» la dinastía Hannover- actúan previendo una futura paz, mediante el criterio de que sólo podría conseguirse una estabilidad en las relaciones intereuropeas a base de un sistema político que bautizaron como «balance of powers», que tratará de conseguir un equilibrio de la fuerza político-económico-militar de cada «Gran Potencia» con la de otros; doctrina que fue recogida en los Tratados de Utrecht (1713).

La búsqueda de significado de esta doctrina ha conducido a su consideración como un instrumento político del imperialismo británico, lo cual parece confirmarlo la formación hegemónica del Reino Unido. Me parece una visión muy particularista que más bien puede entenderse como el primer intento de «anglosajonizar» intelectualmente Europa para ejercer una influencia política mediante un sistema diplomático capaz de introducir «circuitos» anglosajones en los resortes de las relaciones internacionales europeas. Parece, en efecto, responder a dos condiciones muy cercanas al núcleo central del sistema: en primer lugar, un intento de reorganización del cuadro estatal europeo tras el reajuste y equilibrio de los factores que estructuraron los poderes en el Medioevo; y, en segundo término, responde sin duda a la tendencia política culminada en Inglaterra en la «Gloriosa Revolución» de 1688 con el «Bill of Rights»: una combinación de poderes continentales en forma racional y equivalente.

El sistema necesitaba de un instrumento de mantenimiento, como así, en efecto, lo fue de 1713 a 1740: la Diplomacia, mediante la formación de alianzas, coaliciones, reversiones de alianzas. Extendido en una auténtica «paz caliente dialogada», en la que los cuerpos diplomáticos establecían acuerdos que los nervios gubernamentales suscribían por temor a una conflagración armada, que hacía recurrir a combinaciones inverosímiles. La estructuración del sistema estaba constituido por tres primeras potencias: Inglaterra y Austria (a mediados de siglo desplazada por Prusia) y Francia, cuyo poderío continuaba siendo importante (pronto, Rusia, surgida de las reformas de Pedro I el Grande). En un segundo plano: Holanda, España, Turquía, Portugal y Suecia. Éstas, en todo caso, consideradas satélites de las potencias.

Las teorías del partido «whig», impuestas a partir de la revolución de 1688, no sin embargo excluyentes de la participación diplomática de los «tories», pues la paz de Utrecht, negociada por éstos, es, sin duda, resultado de la búsqueda del equilibrio europeo que se refleja, ante todo, en la preeminencia del valor nacional británico, pero, inmediatamente, en la distribución equilibrada de potencias continentales, el aprovechamiento colonial y el dominio de los mares; en paralelo con la política interna, consistente en la unidad sin fisuras de Inglaterra y Escocia y la introducción del sistema parlamentario como fuente de la legislación y gobierno. Desde 1714 a 1760 los «whigs» rigieron sin interrupción los asuntos públicos ingleses. La «balanza de poderes» tenía un fiel que en caso de desequilibrio se inclinaba de la parte necesitada para restablecer el mismo plano. El parlamentarismo supuso, casi, la anulación del poder real. El gobierno y mando lo tenían los ministros, responsables ante la Cámaras: «Lores», elementos designados por el Rey entre elevadas jerarquías políticas, religiosas y administrativas; la nobleza territorial y los comerciantes más poderosos. «Comunes», elegidos cada siete años en condados, villas y ciudades. En realidad sólo representan una parte ínfima del país, pero encarnan intereses históricos centrados en el mantenimiento de las tradiciones nacionales. Esta mentalidad anglosajona se extendió a lo largo del siglo XVIII por el Atlántico y originó la contrapartida que se manifestó en la independencia de los colonos de América del Norte que, manteniendo la identidad cultural, organizaron una repuesta política nacional: la Constitución de 1787, la primera del mundo occidental.