Breaking Bad

No les cabe un cacahuete a martillazos. Y el susto no tiene que ver con que «Standard & Poor’s» haya degradado el rating financiero de Cataluña a niveles de Albania, Honduras, Nigeria, Kenia o Ruanda. Eso, por mucho que alardeen de «paraíso catalán», entraba en lo previsible. El sobresalto de los Puigdemont, Junqueras y resto de la banda tiene que ver con Rajoy. Animados por el 9-N de 2014, estimulados por muchos años de claudicaciones del Estado y obnubilados por la soberbia de creerse distintos y por tanto muy superiores a esos españoles que dan pena a Pere Solé, el mameluco recién nombrado director de los Mossos de Escuadra, dieron por supuesto que el líder del PP era un pazguato, que se plegaría ante los hechos consumados. Y de repente, a 70 días de ese 1-0 que han marcado en el calendario para celebrar su desquiciado referéndum, se encuentran con que el Gobierno de España exige a la Generalitat que certifique semanalmente que no se ha dispuesto un solo euro de dinero público para financiar su ilegal aquelarre. Estoy seguro que a bastantes nacionalistas les tiene que parecer hoy Rajoy la versión política e hispana del Walter White de «Breaking Bad», el aparentemente inocuo y un poco alelado profesor de química, que se transforma en malvado implacable. Contribuye a la metamorfosis de Rajoy que no se limita el asunto a que el Gobierno dejará de financiar a la Administración catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica si usan la pasta para algo indebido, sino que encima emplumará a cualquier malandrín que falsee un certificado o malverse un céntimo. No usar fondos públicos contra el orden constitucional es una obligación evidente, pero se ha llegado a un punto en que los dirigentes nacionalistas olvidan hasta las obligaciones más elementales. A pesar de que crece la duda en las filas separatistas y cada vez son más quienes se ponen de perfil por temor a que la chulería les cueste unos miles de euros o la inhabilitación, es esencial aplicar la ley con celeridad y sin vacilaciones. Es lo que se llama «disuasión» y evita males mayores. Sólo un pero, aunque importante. ¿Quién ordenó a los guardias civiles que se presentasen encapuchados en el Parlament? Taparse la cara en una operación antiterrorista está justificado por seguridad, pero se trataba de recoger documentación sobre el latrocinio del 3%. Y en ese embrollo, los únicos que tienen que cubrirse el rostro son los caraduras separatistas. Y si quieren taparse con la bandera estelada, que lo hagan.