Censo y censores

Lo ha planteado con toda claridad el Partido Popular desde el comienzo de esta delirante historia cargada de sinrazón y, ya a estas alturas de la película, envenenada. A cada desafío a la legalidad de los separatistas catalanes, el Estado de Derecho debe responder, armarse, atajar las amenazas a la convivencia entre españoles diseñadas desde onanistas atalayas. Y éste vuelve a ser un momento crucial ante el riesgo de desmembración territorial y desórdenes sociales.

En efecto, los datos del censo son recogidos para lo que son, deben usarse única y exclusivamente para aquellos fines que las propias leyes tasan. Por consiguiente, bajo ningún concepto pueden estar para el mercadeo, para el tráfico bastardo de intereses que no son los del conjunto de la nación ni de los ciudadanos de bien.

Era evidente que íbamos a llegar más pronto que tarde a este extremo. Porque los irresponsables dirigentes que están pastoreando este proceso hacia la nada no van a detenerse ante nada ni ante nadie salvo que sean forzados por los tribunales y éstos pongan todos los medios para la ejecución de lo dispuesto. Y en ésas estamos.

Pero hay aquí algo más grave. Los gurús y demás maestros de orquesta de la división y la gresca vuelven a dejar de manifiesto que no es para ellos ningún problema ametrallar las libertades más básicas de la gente si eso hace avanzar (aunque sea a trancas y barrancas) su disparatada aventura.

Y no. Políticos, jueces, fiscales y todas las altas instituciones concernidas por este desvarío han de actuar sin vacilaciones. En una democracia no hay sitio para las listas negras. Ni para experimentos que apestan a sucedáneos de Gran Hermano.