Contra la secesión

La declaración ilegal secesionista del lunes pasado en Cataluña debe responderse utilizando las herramientas del estado de derecho. No con apelaciones histriónicas del populismo a «enamorar», como si se pudiese hacer más en cuanto a autonomía y acceso a competencias, ni en el doble mensaje del que pacta con el nacionalismo radical en municipios y que tiene en su historia el Pacto de Tinell y «la nación discutida y discutible». Cuando un grupo de burócratas e intervencionistas ha conseguido dividir a la sociedad catalana y sólo ofrece soflamas mientras no paga a proveedores, la única respuesta es la Ley.

La Ley, porque han destruido la convivencia de una región plural y abierta convirtiendo a más de la mitad de la población en casi rehenes proscritos por no aceptar la Albania intervencionista que quieren construir.

La secesión es ilegal, históricamente injustificada y económicamente inviable, como demuestra el propio Consejo de Transición, que estima que tendrán que reestructurar la deuda y emitir «bonos canjeables por impuestos futuros» para pagar gastos. Pero además, lo que plantean va contra cualquier modelo de sociedad moderna.

Cataluña es una sociedad plural, de emprendedores, de grandes profesionales y abierta al mundo. El proceso secesionista es mirar al pasado y construir barreras, y está liderado por unos partidos que han demostrado ineficacia en su gestión, corrupción, el desastroso gobierno del tripartito y otros que tienen en su programa convertir a Cataluña en un estado intervencionista, anti-libertad, fuera de la Unión Europea y de los organismos internacionales.

Muchas veces se dice que «si eres liberal, debes apoyar la independencia». Craso error, como se ve en Reino Unido o EE UU, donde los liberales y libertarios son los más patriotas. El liberalismo es defender la propiedad privada, el imperio de la Ley y los derechos individuales de todos. No el secuestro de los mismos por una minoría. Que un grupo de burócratas nos quite a todos un trozo de nuestro país no es liberal y va contra el derecho y la libertad de todos los ciudadanos españoles, sobre los que reside la soberanía. La secesión, además, se plantea desde la premisa de que va a tener que ser aceptada o las consecuencias serán furibundas. Pero no cuela. Los empresarios, la UE y los organismos internacionales han alertado de ello. El asalto a la libertad de todos y la amenaza al contrario no es democracia. Es chantaje. Y no se puede aceptar.