¿Cuánto vamos a perder?

A mediados de 2012, el Estado nacionalizó Bankia inyectando 22.424 millones de euros. Posteriormente, también proporcionó 1.645 millones de euros a Banco Mare Nostrum (BMN). A cambio de esa inyección de 24.069 millones de euros procedentes del bolsillo de los contribuyentes, el FROB se quedó con el 68% de su capital social de Bankia (unos 2.000 millones de acciones) y con el 65% del capital social de BMN. En 2014, el Estado vendió 216 millones de acciones de Bankia a cambio de 1.304 millones de euros, esto es, cobró aproximadamente 6 euros por acción (lo que suponía valorar el conjunto de las participaciones estatales en Bankia en 12.000 millones). A su vez, a lo largo de 2014, 2015 y 2016, el Estado ha recibido 534 millones en dividendos de Bankia.

Hasta la fecha, pues, habíamos recuperado 1.838 millones de euros de los 24.069 millones inyectados en Bankia y BMN. Ahora, el Gobierno ha decidido enajenar otros 201 millones de acciones de los 1.910 millones que sigue poseyendo en la entidad Bankia-BMN: los venderá por 840 millones de euros, esto es, a 4,17 euros por acción (lo que supone valorar toda su participación en sólo 8.000 millones de euros). Es decir, tras esta operación, el Estado habrá recuperado 2.678 millones de los 24.069 millones de euros inyectados: a saber, apenas el 11,1% del total. Y dada la valoración que el propio Estado efectúa del resto de su participación, podemos concluir que las pérdidas totales para los contribuyentes de haber reflotado Bankia-BMN con dinero público ascenderán a unos 14.300 millones, casi 800 euros por familia española.

A decir verdad, empero, el único coste del rescate a la banca no va a proceder de Bankia-BMN. El agujero de cajas mucho más pequeñas que ésta también ha ascendido a varios miles de millones de euros: por ejemplo, Catalunya Banc supuso un quebranto para el contribuyente de 11.381 millones de euros; la CAM, uno de 11.101 millones de euros; y Novacaixagalicia, uno de 8.551 millones de euros. En definitiva, nunca debimos rescatar a las cajas con dinero de los ciudadanos: las pérdidas acumuladas por estas entidades deberían haberlas pagado sus acreedores. Quien invierte ha de poder ganar cuando acierta pero también ha de perder cuando se equivoca.