Derecho al olvido

Con toda la basura y la mala baba que los militantes del odio destilan en la red cada vez que la desgracia se abate sobre algún personaje público, de modo especial si es político, la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia amparando el «derecho al olvido» en internet debe celebrarse como un triunfo de la libertad y una derrota de los infames. Para España no podía llegar en el momento más oportuno, como el justo amparo ante tanta ignominia como se ha vertido en las últimas horas sobre la memoria de Isabel Carrasco. Basta teclear en Google «Isabel Carrasco corrupta» para que el buscador ofrezca en 0,15 segundo más de cien mil referencias. Teniendo en cuenta que la política leonesa jamás fue condenada ni siquiera imputada formalmente por asuntos de corrupción, estremece comprobar con qué facilidad la difamación a través de las redes sociales puede destrozar la honra de los vivos y el honor de los muertos. La indefensión es tan devastadora que la víctima queda señalada para el resto de su vida y es castigada a arrastrar, como si fueran grilletes, el estigma con el que ha sido marcada. Es la versión 2.0 de la persecución política e ideológica practicada bajo los regímenes totalitarios. Tras la supuesta neutralidad de los motores de búsqueda, los activos militantes del odio no sólo dictan sentencias y promueven linchamientos; ocultos en el anonimato, se arrogan, además, el privilegio de reescribir la historia con la tinta indeleble de internet. Por fortuna, el Tribunal de Luxemburgo ha venido a rescatarnos de estos justicieros populistas y de sus amanuenses. En la era de la comunicación global, al ciudadano no le basta el derecho a un juicio justo: le asiste también el derecho a escribir su propia historia y a proteger su biografía de los viles y abyectos.