Deslocalización empresarial

Uno de los aspectos más sorprendentes del reciente proceso que ha tenido lugar en Cataluña es que, al parecer, nadie esperaba que se fuera a producir una espantada de empresas como la que está teniendo lugar en las últimas semanas. Por supuesto, los papeles separatistas nunca lo previeron, pero tampoco los propios empresarios, salvo algún caso aislado, tal como pude comprobar oyéndole al presidente de la CEOE cuando intervenía a mi lado en un programa radiofónico. Y sin embargo la deslocalización estaba ahí, como una amenaza al independentismo, de la misma manera que estuvo en otros fenómenos similares. Se ha recordado estos días el caso quebequés cuando, con ocasión del referéndum de 1995, Montreal perdió la sede de un treinta por ciento de sus grandes empresas. Pero de la misma manera se podría haber evocado el episodio más cercano del País Vasco, cuando el Plan Ibarretxe sembró la inquietud sobre el tejido empresarial vasco.

En aquella ocasión realicé un estudio –que ahora podría servir de contrapunto– sobre la percepción que tenían las medianas y grandes empresas vascas del proceso secesionista. Sus resultados mostraban que el asunto de la secesión constituía un factor muy relevante para la determinación de sus decisiones de inversión y de localización, lo cual no debería extrañarnos si se tiene en cuenta que la independencia supone un cambio institucional crucial que afecta a la definición del mercado. Además, para casi seis de cada diez empresas se trataba de un tema inquietante que se percibía como una amenaza negativa. Este era el motivo por el que algo más del cuarenta por ciento de ellas había estudiado distintas formas de respuesta a tal situación, aunque sólo un tercio habían definido una estrategia al respecto. El contenido de esa estrategia pasaba, básicamente, por la deslocalización de la sede de las empresas o por la deslocalización de su producción, siendo ambas posibilidades equivalentes en cuanto a su importancia cuantitativa. Y se puede anotar que eran las empresas pertenecientes a grupos nacionales o multinacionales, así como las que orientaban sus ventas al mercado español, las más propensas a marcharse. Mi trabajo concluía que, si los planes de deslocalización se llevaban a efecto, el País Vasco podría perder la décima parte de su producto interior bruto.

Sabemos que la secesión vasca no tuvo lugar, pero ello no significa que los efectos de su planteamiento –en un proceso que, como el catalán, se extendió sobre un largo período de ocho años– no fueran negativos. La deslocalización de empresas fue uno de ellos, de manera que fueron mucho los casos en los que, sobre todo para las nuevas inversiones, la producción se llevó fuera de la geografía vascongada o se trasladaron algunas divisiones operativas y también los núcleos de inteligencia, como los centros de diseño e I+D. En esos ocho años el PIB vasco creció 1,25 puntos porcentuales por debajo de su potencial, perdiendo casi un tercio de las ganancias de bienestar que podrían haberse logrado. Ese fue el precio de la aventura independentista.