El declive de la señora K.

Para abrir un juicio político al presidente de la República Argentina es necesario concitar a dos tercios de la Cámara de Diputados que, a su vez, han de remitir la petición de enjuiciamiento al Senado, quien tiene la última palabra. Argentina sigue el modelo bicameral estadounidense, en el que la Cámara Alta tiene preeminencia sobre la Baja. A finales de este año expira el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kichner y no es probable, aunque sí posible, que se proceda a un «impeachment» contra la presidenta-viuda del país, a menos que las evidencias contra ella por el suicidio-asesinato del fiscal federal Nisman resultaran abrumadoras.

Hay que tener en cuenta que la señora K. es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. La decisión de las Cámaras contra ella llevaría meses de truculentas negociaciones políticas que envenenarían la próxima elección del inquilino de la Casa Rosada. Lo que no ceja es el repudio popular por el crimen. El día 18, a un mes del suceso, está convocada en Buenos Aires una marcha de silencio bajo el lema «verdad, memoria y justicia», promovida por un grupo de fiscales.

La presidenta se encuentra en China buscando financiación y sus problemas más urgentes son económicos. En Argentina, la sangre seca rápido, y a la señora K. no le faltarían testaferros bien remunerados que carguen con la muerte de Nisman. Además de la insólita decisión de suspender el servicio secreto (la SIDE), el Servicio de Inteligencia del Estado, y la huida al extranjero de su responsable, el Gobierno peronista ha filtrado que considera al agente Antonio Stiusso como involucrado en la muerte de Nisman como parte de una facción de la Policía Federal, tan corrompida como el resto de las instituciones del país. La fiscal general de la República, Alejandra Gils Carbó, está siendo fuertemente cuestionada por su oficialismo, su pasividad y hasta su ausencia en el entierro de su colega Nisman. No es un asesinato más, dado que revive el atentado contra la mutua judía de Buenos Aires perpetrado supuestamente por la inteligencia iraní y cuya investigación fue tapada por el matrimonio Kirchner a cambio de contratos comerciales con el régimen de los ayatolás. La comunidad judía en el país austral es una de las más importantes e influyentes del mundo después de Israel.

El año final de su mandato se le complica a la presidenta, porque a la corrupción, a una inflación inconfesable y hasta a la carencia de «tampax» para las argentinas se le suma un chapucero asesinato político. La diputada Elisa Carrió, líder de Coalición Cívica, un pequeño partido enfrentado al peronismo, acusa a la mandataria de encubrir el crimen, junto al secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, y el jefe del Ejército, César Milani.

La diputada Carrió, un referente en la política argentina, irá a las elecciones de octubre en coalición con el intendente-presidente de Buenos Aires, Mauricio Macri (derecha), muy popular como propietario del club Boca Juniors. No es desdeñable su denuncia. En todo caso, y dada la atomización de los partidos, la próxima elección presidencial se dirimirá en segunda vuelta entre tres fracciones peronistas. La señora K. va poco por la Casa Rosada y, aparte de los viajes, se encierra en la residencia presidencial de Olivos. Cuando acude al despacho lo hace en helicóptero, parando el tráfico de la ciudad porque el techo de la Casa Rosada no resiste al aparato. Está enferma y padece crisis nerviosas, aunque su entorno niega un ictus cerebral. No ha podido ser Evita, y supone histéricamente que la marcha del 18 es un golpe de Estado. El peronismo, ya se sabe: empieza por la corrupción y acaba siempre en el cementerio.