El juego del presidente

La tregua estival de agosto parece haber convertido el tramo final del proceso independentista en una partida de ajedrez en la que cada uno de los contendientes mide a su adversario con prudencia, también con distancia, sin querer adelantar cuál será su siguiente movimiento. Pero, al histrionismo con el que algunos representantes del secesionismo se conducen, el Gobierno se refuerza respondiéndole de manera tranquila, moderada en las formas, aunque contundente a la vez: la de los mecanismos que otorga el Estado de Derecho.

Así, mientras este lunes los que en otros tiempos eran considerados «moderados» dirigentes de la extinta Unió Democrática de Josep Antoni Duran i Lleida –otra víctima del desbarre de Artur Mas y su alocada carrera hacia el independentismo– han decidido recurrir a los viejos y burdos tópicos de Franco, los toros y el Real Madrid para agitar a los suyos en favor de la ilegal consulta del 1 de octubre, no lejos de Barcelona, se producía una imagen de normalidad institucional. En Palma de Mallorca, el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno mantuvieron su primer despacho de las vacaciones con la «agenda catalana», claro está, sobre la mesa.

Mientras en la Cataluña del añorado «seny» campan a sus anchas estos días los antisistema y los violentos, ahora buscando agitar el malhumor de la gente contra el turismo, los máximos responsables de sus instituciones, tanto el presidente de la Generalitat como la alcaldesa de Barcelona, parecen haber abdicado de sus funciones entre el desconcierto de ciudadanos y empresarios, que ven amenazada una de sus principales fuentes de ingresos y de generación de puestos de trabajo.

Con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras emboscados, esquivando con pueriles triquiñuelas legales cada una de sus decisiones, Mariano Rajoy volvió a dar la cara ante los españoles tras su almuerzo con el Rey Felipe VI. Con la anécdota añadida de un doloroso ataque de lumbago sufrido durante su caminata matinal en Ribadumia, que retrasó su viaje y puso emoción al encuentro, el presidente ha querido salir al paso contra la última campaña victimista de la Generalitat: la derivada del conflicto laboral en el Aeropuerto de El Prat. «Yo pido que no se sea mezquino. Yo no voy a exigir a la Generalitat que ejerza sus competencias, que las tiene. Hay un problema puntual en un aeropuerto y tenemos que intentar resolver los problemas de la gente y no hacer política con esto», recalcó. Todo después de que miembros de la Asociación Nacional Catalana repartieran octavillas entre los usuarios prometiendo que con una Cataluña independiente se acabarán las deficiencias en sus infraestructuras. Las asociaciones independentistas aprovechan cada oportunidad para intentar obtener rédito político. El Gobierno tiene claros los siguientes pasos que va a dar y Rajoy ha asumido personalmente el mando de la «agenda catalana». El presidente es consciente de que tiene un handicap: mientras se mueve entre el sentido común y la legalidad, su adversario en la partida ya ha demostrado que está decidido a recurrir a todo tipo de trampas y subterfugios a su alcance para sortear el cumplimiento de la ley. Y ni siquiera tiene ya el decoro de esconderlo.

Por eso, tras advertir de que el president de la Generalitat Carles Puigdemont se está «equivocando» al poner la marcha de Cataluña en manos de los anarquistas de la CUP, el presidente del Gobierno ha aprovechado su visita al despacho de verano de Felipe VI en Marivent para garantizar que el Consejo de Ministros recurrirá la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional si la Mesa del Parlamento catalán la califica para su tramitación parlamentaria. A la ilegalidad, la mejor respuesta es la exigencia de la ley. Ese es el juego de Mariano Rajoy.