El mundo al revés

Es irregular que un gobierno pague el alquiler del local de una asociación, colectivo o cualquier tipo de entidad, si no cumplen una serie de requisitos lógicos. Y estos son tales como estar constituidos jurídicamente, esto es, existir ante la sociedad, constancia de su objeto, –deportivo, cultural, vecinal, educativo o del ámbito que sea–, acudir a una convocatoria pública de subvenciones o ser fiscalizado en los gastos e ingresos que tenga.

Por tanto, el pago del alquiler a los okupas del barrio de Gràcia de Barcelona es cuestionable no sólo jurídicamente sino también desde el punto de vista de las reglas del juego de la participación ciudadana y el resto de movimiento asociativo en un sistema democrático en el que la ley debe ser garante de igualdad de derechos. Es insólito que haya sido un gobierno conservador, como el presidido por el Sr. Xavier Trias, el que financió a escondidas a los radicales antisistema, pero lo que ya raya lo esperpéntico es que el asunto lo destape la ex líder del movimiento antidesahucio, la Sra. Ada Colau. El mundo al revés. El problema del movimiento okupa no es el mismo que el de la familias que son expulsadas de sus viviendas, aquellas que han sido golpeadas por la crisis hasta arrebatarles todo lo que tenían. La Sra. Colau, en sus tiempos de activista, protagonizó ocupaciones de viviendas y puso en un mismo paquete a todos los gobiernos.

Es la misma persona que, meses después de tomar posesión de la alcaldía de Barcelona, regulaba las ocupaciones en las viviendas públicas que ella misma había promovido, realizando contratos de alquiler a algunos inquilinos. Sin embargo, otras familias, de esas mismas viviendas, podían ser desahuciadas al mismo tiempo que seguía pagando el alquiler de los radicales de la kale borroka barcelonesa del barrio de Gràcia. El Sr. Trias no fue capaz de tener sensibilidad con los cientos de desempleados que no podían pagar las hipotecas del techo en que vivían sus familias, y los bancos, aquellos a los que hubo que rescatar con cantidades millonarias por sus pecados del pasado, se encargaron de impulsar las sentencias de lanzamiento. Sin embargo, el ex alcalde, sí decidió comprar el silencio para no enfrentarse a aquellos cuya única propuesta para mejorar el sistema es acabar con el propio sistema para llegar a un futuro tan incierto como imposible. La compra no fue tan barata, en el contrato de arrendamiento las partes reconocían «desconocer el estado actual del local y sus instalaciones, asumiéndolo y admitiéndolo, sea cual sea, la inquilina –el ayuntamiento– y obligándose a restituirlo al fin del contrato en buenas condiciones para su empleo inmediato». También se especificaba en el contrato que el consistorio dedicaría el local «a actividades lícitas y no lucrativas» y que permitiría el empleo a sus «actuales ocupantes». Después de los episodios de violencia en las calles la Sra. Colau tiene un problema serio que resolver.

El trabajo de muchos alcaldes socialistas en Cataluña fue ejemplar en materia de vivienda, con políticas sociales de protección, oficinas de refinanciación de deuda hipotecaria y vivienda pública municipal. Solucionaron los problemas de numerosas familias, pero en silencio, porque esas familias eran de las que no podían hacer ruido mediático. Fueron atacados dura e injustamente por Podemos y la Sra. Colau, que sabe instrumentalizar bien los conflictos en los medios de comunicación.

La alcaldesa debería estar más preocupada por aprender cómo han hecho las cosas estos gobiernos que de sumar números en el pleno mediante pactos. Los socialistas deberían pensarse si pactar con quien pasó de provocar ocupaciones a desahuciar. Y los convergentes han puesto de manifiesto, una vez más, la cultura de que todo lo compra el dinero, pero no es así.