En legítima defensa

Bajo el conocido lema, no exento de cierta demagogia, según el cual en Derecho cabe todo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Estrasburgo se presta a interpretar la llamada «doctrina Parot» sobre el cómputo total de las penas. Si el recurso presentado por el Gobierno español fuera desestimado, atentados terroristas, violaciones y crímenes execrables quedarían impunes, libres sus autores y con posibilidad de reclamar al Estado una indemnización por los años pasados en prisión. Un escarnio intolerable, un desasosiego social y un nuevo zarpazo a las víctimas, indefensas en su dolor, mientras la muerte, para algunos, sale casi gratis. En una desmesurada interpretación garantista, los magistrados del TEDH, tras un periplo judicial, fallaron a favor de la etarra Inés del Río, una histórica del sanguinario «Comando Madrid», con treinta asesinatos a sus espaldas. Obviando las resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, dieron por buenos los argumentos de la terrorista y sentenciaron, incluso, la reparación de sus crímenes con unos miles de euros. Una ofensa antidemocrática y una injerencia en la soberanía judicial de nuestro país. Que tiene la potestad, el derecho y el deber de defender a las víctimas y condenar a los asesinos. Gran responsabilidad la de estos magistrados europeos, tal vez imbuidos de preceptos utópicos, que alientan la propaganda de la izquierda «abertzale» y dejan en profunda indefensión a las gentes de bien. Las teorías de guante blanco para quienes han matado y delinquido son desechables, con una peligrosidad social innecesaria. España está en cabeza de la Unión Europea en cuanto al terrorismo, y sería tremendo ignorarlo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hablado, con todo acierto, de justicia penitenciaria. En efecto. Y en legítima defensa de quienes perdieron la vida y no merecen el olvido.