Federalistas

Desde que el relativismo es un ingrediente en política, sus efectos se hacen sentir hasta en el BOE. En términos legales quizás el caso más paradigmático es el llamado «matrimonio» entre personas del mismo sexo o el impacto en nuestro ordenamiento de la ideología de género: ya saben, no se nace hombre o mujer, sino que se elige.

Pero el relativismo se extiende a más ámbitos. Desde la enmienda zapateril al Evangelio –no es cierto eso de que «la verdad os hará libres», sino que «la libertad nos hace verdaderos»–, en las redes del relativismo han caído desde los compromisos electorales hasta la misma idea de España y su Historia, y ahí está esa no menos famosa frase de que España como nación es un concepto discutido y discutible.

Algo parecido ocurre con el federalismo. El Gobierno, tras rechazar todo pacto fiscal, que sería una suerte de foralización de Cataluña, ahora propone hablar del régimen de financiación; mientras, otras voces en el PP defienden el federalismo asimétrico porque Cataluña no es parangonable; pongo por caso y en términos autonómicos, a Murcia. Y el principal partido de la oposición opta por rediseñar España sobre la plantilla de su propia organización territorial y supedita el futuro de una nación como España, y sus quinientos años de historia, a cómo solucionen sus problemas internos y cómo mantener los caladeros de votos.

A propósito del federalismo, en el Programa 2000 el PSOE se planteaba si había que ir a un modelo federal y, aparte de afirmar que el Estado autonómico podía competir en cuanto al grado de descentralización con cualquier sistema federal, afirmaba que no tenía por qué plantearse el problema de modelo de Estado pues habría que reformar la Constitución. Advertía de que ya en el sistema autonómico hay elementos federales, hay otros que podrían introducirse sin reforma constitucional y otros que exigirían esa reformar, y diferenciaba según que si hubiese consenso o no.

En 2003, el Consejo Territorial socialista reunido en Santillana del Mar aprobó la declaración «La España Plural: la España Constitucional, la España Unida, la España en Positivo». El objetivo era asumir la reforma del Estatuto catalán que elaboró el Tripartito catalán. Pese a que hubo un momento en que parecía un proyecto fracasado, Zapatero resucitó ese Estatuto y se aprobó. Ahora, Estatuto y sentencia del Tribunal Constitucional mediante, un nuevo Consejo Territorial celebrado esta vez en Granada ha alumbrado otra declaración: un nuevo pacto territorial: la España de todos. Se apela al federalismo como variante del Estado de las autonomías.

Después de estos viajes, ¿de qué sirvió a unos y otros potenciar ese Estatuto? El nacionalismo se ofendió por las sentencias del Tribunal Constitucional. No anuló precepto alguno salvo en Justicia, pero más que por su contenido la ofensa era que ese Tribunal español, a instancia del centralista PP y del Defensor del Pueblo fundamentalmente, pusiesen sus manos en un texto con hechuras constituyentes. El Estatuto no salió tan malparado y el Constitucional dijo cómo deberían interpretarse muchos de los preceptos, pero ya conocemos qué fuerza vinculante tienen las sentencias interpretativas.

Al cabo de treinta y cinco años, seguimos con la casa a medio hacer; seguimos empeñados en refundar, en replantearnos todo, debilitándonos. Algo parecido ocurre con el debate interesado sobre la monarquía a propósito de los achaques del Rey. Si la Corona es vitalicia, es obvio que entre en su lógica que el Rey enferme, envejezca y muera; por eso es absurdo cuestionar la monarquía si eso ocurre; ¿acaso no hemos optado por un sistema de «a rey muerto, rey puesto»?

Vuelvo al federalismo. Al menos consuela que se diga con claridad que lo que se haga pasa por reformar la Constitución. Tras el Estatuto catalán ya no caben más inventos, ni que el Constitucional haga apaños. Pero una reforma ¿en qué sentido?, ¿de qué serviría para quien quiere la independencia?; ¿Estado federal? Si el autonómico no es sostenible ¿cómo se mantendría el federal? En vez de remover los cimientos del edificio para aquietar al secesionista o financiar sus insultos y desafíos, quizás habría que empezar por ser firme en los principios –para lo cual hay que tenerlos–, y no tolerar más insultos de quien camufla ambiciones creando problemas territoriales.