Financiación autonómica

El lío de la financiación autonómica viene de muy lejos. Desde que se fueron constituyendo las Comunidades Autónomas, el problema ha sido siempre el mismo. El Estado tenía que negociar con cada Gobierno regional el valor de las competencias que le transfería; y en cada caso una misma cosa alcanzaba un precio diferente porque había que tener en cuenta los precedentes, las afinidades políticas y la capacidad persuasiva de los contendientes. Los precedentes no eran otra cosa que el tratamiento que se había dado durante el régimen franquista al asunto en cuestión; un tratamiento que, dependiendo de las circunstancias –o sea, de la adhesión de las fuerzas locales al Régimen, de su aportación al elenco de procuradores y jerarcas del Movimiento y hasta de la personalidad de los gobernadores civiles–, había sido diferente en cada una de las provincias. A su vez, las afinidades políticas unas veces servían para impulsar el buen trato y otras para todo lo contrario. Y en cuanto al poder de seducción había de todo. Total, que cada uno de los 1.992 acuerdos de traspaso de competencias que se firmaron desde entonces es de su padre y de su madre y no hay manera de cuadrarlos.

Luego vinieron las sucesivas reformas del sistema de financiación con su cesión de impuestos, su estimación de las necesidades de gasto, su reparto de esto y lo otro, sus fondos y criterios ad hoc, liando la cosa todavía un poco más en cada una de las ocasiones. Eso sí, siempre respetando el «statu quo». O sea, que había cambios pero ningún territorio salía perdiendo porque, como mínimo, tenía lo que ya había alcanzado en la ronda anterior. La consecuencia de todo ello no fue otra que la desigualdad en el tratamiento financiero de las regiones y, de paso, de los ciudadanos que viven en ellas. De esta manera, con la última versión de ese sistema, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Castilla y León obtuvieron unos recursos por habitante bastante por encima de la media, mientras que Baleares y la Comunidad Valenciana se quedaron muy por debajo de ésta; y las demás comunidades se ubicaron en torno al promedio, unas un poco hacia arriba y otras un poco hacia abajo.

Observe el lector que no todos los que pían mucho están maltratados. Cuando Montoro ha sacado la podadora, por eso del déficit excesivo, no han faltado los que, en su protesta, tienen alguna razón –pero no toda la razón–, como los valencianos, y los que no tienen ninguna, como los castellanos y extremeños, así como los que, por estar en la media, deberían ponerse como ejemplo y no lo hacen, como los catalanes y madrileños. Claro que, si se despotrica contra el Gobierno central, parece que se hacen méritos ante los ciudadanos. Ya lo decía don José, mi tío, recordando las marrullerías de la diputación foral alavesa en otra época: «Lo importante es parecer menesteroso y embarullar los números para que no se note la fortuna». Pues eso.