Fraude fiscal

La Agencia Tributaria ha dado a conocer los resultados de la lucha contra el fraude fiscal en el último año. A juzgar por las cifras, su actuación ha sido brillante, pues ha logrado mejorar en más de una cuarta parte las del año anterior. Esto no nos ha sorprendido, pues la trayectoria de la Hacienda Pública en esta materia durante la última legislatura ha sido claramente ascendente; y de esta manera, si en 2012 se recaudó una cantidad equivalente al 1,1 por ciento del PIB, en 2015 se llegó a otra del 1,5 por ciento. No cabe duda de que, más allá del error que supuso la «amnistía fiscal», las autoridades tributarias se han empleado a fondo para ir acortando las oportunidades de los defraudadores.

Sin embargo, todo tiene un pero en estos asuntos fiscales y, por eso, no es deseable dormirse en los laureles porque el fenómeno del fraude es más amplio que las cifras que acabo de mencionar. No tenemos en España una estimación precisa de las dimensiones a las que llega la evasión de impuestos, pero si juntamos los estudios que se han hecho al respecto, llegamos a la conclusión de que, por lo que concierne a las tres principales figuras impositivas –IRPF, Sociedades e IVA–, la brecha recaudatoria se sitúa en torno al 3,2 por ciento del PIB. O sea, aproximadamente unos 34.000 millones de euros. Tomen nota, por cierto, los que creen que se puede aumentar el gasto público de cualquier manera y financiar su desmesura impidiendo el fraude fiscal, pues están abocados al fracaso.

Luchar contra el fraude es un asunto difícil. Primero, porque en España todavía quedan muchos ciudadanos –especialmente entre los más pudientes– que creen que los impuestos son excesivos y que ello les legitima para evadirlos. Segundo, porque las leyes sancionadoras, aunque se hayan ido endureciendo, son todavía en exceso benevolentes, tal vez porque aún se piensa que, como constató hace más de medio siglo don Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate, los delitos en esta materia son «pecados de caballeros». Y tercero, porque aún quedan lagunas importantes en el conocimiento de las bases impositivas, a pesar del enorme avance que ha experimentado la Agencia Tributaria en este terreno.

Acerca de esto último son muy interesantes las conclusiones a las que se ha llegado en un estudio publicado recientemente por la «Revista de Economía Aplicada» y realizado por los profesores Félix Domínguez, Julio López y Fernando Rodrigo de la Universidad de Zaragoza. En ellas se muestra que, en el IRPF, los trabajadores asalariados declaran todas sus rentas, mientras que los titulares de actividades económicas –autónomos y empresarios– sólo lo hacen con algo menos del 54 por ciento de ellas. El porcentaje es aún menor entre los propietarios de inmuebles –el 45,5 por ciento– y los perceptores de rentas del capital mobiliario –39,1 por ciento–. La causa de que ello sea así es que se trata de rentas poco controladas y de contribuyentes carentes de conciencia fiscal. Ambos problemas habrá que atajarlos.