Imponer la legalidad

Ya no pueden alegar el desconocimiento respecto a que sus decisiones conllevan delito. Desaparece aquella pantomima protagonizada, espectáculo callejero incluido, por el expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer al Constitucional en la celebración de la consulta del 9-N de 2014.

El actual presidente Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno son conscientes de que es ilegal la licitación para la adquisición de las 8.000 urnas destinadas a la hipotética votación del referéndum separatista, publicada en el Boletín Oficial de la Generalitat, por lo que deberán padecer las consecuencias penales y administrativas sin que tengan derecho a plantear la excusa de hace unos meses.

Este anuncio institucional, además, ha de alertar al Gobierno de España para utilizar todos los instrumentos legales a su alcance e impedir la comisión de un presunto delito y no mirar hacia otro lado como ha sucedido durante decenios cuando el Govern catalán ha incumplido con reiteración las leyes y sentencias de los tribunales, consentimiento que nos ha llevado al escenario actual. En definitiva, asegurar a los españoles que el llamado «procés», la consulta en este caso, no tiene posibilidad alguna, que está abocado al fracaso.

Más a más, como dicen en esas tierras, no estaría mal que el ministro Cristóbal Montoro, tan depredador con los ciudadanos de a pie, advirtiera a las empresas que acudan a la oferta de las 8.000 urnas de su participación a sabiendas en una ilegalidad. Imagino que la democracia y la ley ofrecen vías para ello. Si fuéramos uno de nosotros, seguro. Así es la vida.