La cuestión catalana, otra vez

La cuestión catalana, otra vez. Iniciada por un pequeño grupo allá en 1931, creciendo, creciendo entre amenazas respondidas con concesiones una y otra vez. Una ruptura de la unidad nacional, de un hecho histórico y palmario, de una Constitución, que es un acuerdo general que habla de «unidad indisoluble», algo votado por la mayoría de los ciudadanos. Y que cada uno aguante su palo. Son una amenaza para toda España, también para ellos mismos, algo a lo que desde aquella ya lejana fecha no se ha respondido con firmeza y sensatez. En vez de ello, se han seguido vagos diálogos terminados una y otra vez con nuevos estatutos y más disolventes constituciones o estatutos, más y más comisiones inútiles. Usaban alianzas múltiples para conseguir unos votos, listas de supuestos agravios, mentiras históricas, promesas que no eran sino engaños. A la ruptura con la Constitución y la pretensión de romper la unidad de la nación, algo apoyado tan sólo en mentiras y en métodos revolucionarios –seducciones y miedos, promesas ilusorias– se ha respondido pidiendo el famoso diálogo y acogiéndose a un Tribunal Constitucional absolutamente correcto, pero sin poder ejecutivo. Echando pelotas fuera, vamos. Y ahora estamos otra vez en lo mismo. Los subversivos se resignaron a renunciar a una votación ilegal... para proponer otra más ilegal todavía. Y el Gobierno se limitó, otra vez, a anunciar que acudiría de nuevo a aquel bien intencionado, pero impotente Tribunal. No lo ha hecho hasta ahora, que yo sepa, Dios sabe si lo hará. En todo caso, esa es la única, inútil vía, con la que intenta cortar la sedición. O eso parece. Sedición que, de prosperar, iría seguida de otras y otras. Sería el fin de una nación a cuya historia pocas se comparan. He estado tenso el sábado, el Gobierno anunciaba recurrir el viernes esa nueva votación ilegal. Hasta ahora, que se sepa, no lo ha hecho. Y estamos a cinco días del lúgubre 9-N.

Señor presidente del Gobierno, aprecio sus esfuerzos, su incansable lucha con el problema. Siempre a la defensiva, dando razones justas, aplazando. Pero eso no es suficiente para acabar con este gran problema, para que podamos vivir. Fracasada esta vía, sólo queda otra: que el Gobierno gobierne y que la Constitución agraviada se defienda con sus propios artículos. Que sean refrendados y apoyados con hechos, no sólo con palabras, por el Gobierno y el Estado. ¿Van a tolerar el lúgubre 9 de Noviembre, o sea, la destrucción de nuestra nación? Que se nos diga. Que se impida. Que sus promotores sean castigados. A los hechos hay que responder con hechos y a las violaciones de la Constitución con la aplicación de los artículos con los que la Constitución se defiende a sí misma y defiende a España. Nosotros ciudadanos no tenemos poder, lo hemos delegado en el Gobierno. Pues que éste lo ejerza dentro de la legalidad. Sólo tenemos la palabra. Aquí está la mía, por enésima vez. Pero el Gobierno tiene en su mano convertir las palabras en hechos, apoyado, por supuesto, en la Constitución, en defensa de ella misma y de quienes la votamos, la votaron, los catalanes entre ellos. Sobre todo: en defensa de España. Todo esto es claro y conocido, aunque se hagan esfuerzos increíbles por ignorarlo. El artículo de la Constitución que protege a la propia Constitución y a la propia Nación de los abusos de una Autonomía es el 155. «Si una Comunidad Autónoma, (dice) no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España» es cuando el Gobierno, prosigue, «podrá aplicar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Así ese artículo, que ha sido ignorado por los sucesivos Gobiernos de la democracia. La sentencia del Constitucional ha sido así mismo ignorada, la propuesta votación ilegal que fue condenada ha sido seguida de otra propuesta de votación ilegal. Y contra esta segunda votación ha habido palabras - promesa de acudir otra vez a los Tribunales. Promesa hasta este momento en que escribo, que yo sepa, incumplida. Y además, ya se ha visto, método ineficaz. ¿Qué se hará si el 9 de Noviembre se perpetra esa votación ilegal? Lo ignoramos. La ley es clara: aunque es bien cierto que ignoramos si antes de ponerla en marcha ha habido –como pide la Constitución– un «previo requerimiento» al presidente de la Autonomía. Y, desde luego, no se ha presentado nada a la aprobación mayoritaria, también requerida, del Senado. ¿Se va a hacer? ¿Hay tiempo?

En todo caso, es claro que no es tolerable que el presidente de la Autonomía en cuestión siga siendo presidente y el Gobierno y el Parlamento. Al romper con la Constitución han quedado sin apoyo legal. No pueden seguir ejerciendo su poder contra España mientras no se vuelva a la legalidad que han violado. No recibieron poderes para usarlos contra España. Es elemental. Así procedió la República tras la primera ruptura con España de un Gobierno catalán, en 1934. Pues que se proceda ahora. Yo quedo contento, por lo menos, con haber enunciado clara y repetidamente cuál es no ya mi posición, sino la de muchos millones de españoles, y cuál es la función legal de la Constitución española y de cualquier otra Constitución. No decae de su validez aunque sea negada por tal o cual grupo subversivo, por solemnes que sean sus títulos. Ellos mismos han anulado su razón. Es bien cierto que sus títulos deben ser anulados y sus decretos y decisiones deben ser declarados nulos. No fueron elegidos para derogar el sistema en virtud del cual subieron al poder. Los promotores de este atentado deben dejar de ser reconocidos como Presidentes y demás. Que nuestro Gobierno gobierne, esto es lo que pedimos tantos. Le hemos votado para eso. Las palabras y los silencios no valen ya. Señores del Gobierno: hablo como un simple ciudadano español, en nombre mío y creo que de muchos millones. Tengo derecho a ello. No podemos vivir eternamente en esta incertidumbre y angustia. Ha habido demasiadas palabras. Y demasiado desprecio de las sentencias y razones, de la Autoridad del Gobierno, del interés de todos. No basta ya acudir a los Tribunales. Tomen decisiones legales, es su turno ya. Acaben con esa subversión que nos corroe, a su lado los demás problemas de España son importantes, pero este es el primero. Antes que el de unos corruptos y el de muchas cosas más. Las exigencias de la Constitución, las decisiones del Gobierno deben cumplirse ya. Empezando por las que exigen impedir ese 9 de Noviembre ilegal. Sus promotores deben decaer de sus cargos públicos, ya. Fueron elegidos para gobernar una autonomía y pretenden gobernar una nación.